Ramón Pérez-Maura - HORIZONTE
Se juzga un crimen de estado
Las pruebas del creciente descontento popular en Irán se multiplican
El 30 de junio de 2018 se reunía en Villepinte, municipio del Gran París, el Congreso de los Mujaidines del Pueblo Iraní. Dirigentes políticos del mundo entero acudieron a la localidad a dar su apoyo a la resistencia a la dictadura de los mulás. Horas antes de que perpetraran un atentado contra el congreso, la Policía belga detuvo a dos terroristas que habían recibido un explosivo del diplomático iraní Assadollah Assadi en Luxemburgo y se dirigían con ello a Villepinte. Assadi es funcionario del Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní y estaba destinado en Viena como diplomático con el cargo de tercer vicecónsul. La Policía alemana lo detuvo en su territorio cuando intentaba alcanzar Austria y la inmunidad que le garantizaba su condición diplomática. El pasado miércoles comenzó en Amberes, Bélgica, el juicio contra Assadi y tres cómplices del crimen. Esta es la primera vez que un diplomático es juzgado en Europa por su participación directa en un acto de terrorismo. Por ello no es exagerado mantener que se está juzgando un crimen de Estado. Assadi y sus cómplices son juzgados por «un intento de acto de terrorismo con el objetivo de asesinar» y por «pertenencia a un grupo terrorista». Irán ha hecho todo lo que ha podido desde hace dos años para impedir que Assadi fuese juzgado. No lo ha logrado.
Por pura casualidad, el juicio coincide en el tiempo con un nuevo Congreso de los Mujaidines del Pueblo Iraní que se celebró el viernes. Esta vez fue telemático y probablemente la mayor concentración de este tipo que se haya celebrado nunca en la red. Hubo participantes desde 102 países, 30.000 puntos geográficos y entre ellos estaban algunas de las personalidades que hace dos años participaron en el acto de Villepinte y que la seguridad iraní intentó asesinar: el exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani; el exministro de Exteriores italiano, Giulio Terzi; la exministra de Defensa francesa Michèle Alliot-Marie; el exsenador norteamericano Joseph Lieberman… pero sobre todo Maryam Rajavi, la mujer que entonces y ahora encabeza desde la presidencia del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní este intento de liberar a más de 80 millones de compatriotas y a los que viven en el exilio por culpa de la tiranía de la teocracia.
En esta hora las pruebas del creciente descontento popular en Irán se multiplican. Y en el congreso del pasado viernes se adoptó un compromiso con el derrocamiento de la dictadura y la instalación de una democracia respetuosa con la voluntad popular. En los últimos tres años ya se han producido numerosos levantamientos: en diciembre de 2017 y enero de 2018, en noviembre de 2019, en enero de 2020. Todos tenían como objetivo el fin de la dictadura con lemas como «Nuestro enemigo está aquí. Mienten cuando dicen que es América».
Los propagandistas del régimen han mantenido desde hace lustros que es inimaginable un levantamiento dada su supuesta popularidad. Pero la realidad es que la resistencia interior crece día a día. Y cada vez resulta más difícil para el régimen y sus acólitos ocultar la realidad de lo que está ocurriendo allí.
El régimen contaba con el fin del embargo armamentístico el pasado 18 de octubre, como parte del acuerdo nuclear iraní que afortunadamente Trump decidió abandonar cuando todavía John Bolton tenía influencia en la Casa Blanca. Esto ha supuesto un duro golpe que incrementa la inestabilidad interior.
Como explicó la señora Rajavi, «no buscamos el poder a cualquier precio. Buscamos libertad, justicia y una república democrática, secular y no nuclear» a la vez que reivindicaba el derecho del pueblo a «participar en pie de igualdad en la gestión pública, la igualdad de género, la soberanía popular y un Irán donde no habrá pena capital». Una lucha contra todo lo que impide la dictadura de los mulás que apoya a Podemos.
