El precio de una transición narcotizada con amnistías

Estamos ante el principio del fin de la tiranía chavista. Que su agonía sea rápida o lenta dependerá de que la comunidad internacional democrática lleve hasta las últimas consecuencias su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente, dando institucionalidad en el exterior al Gobierno sustentado sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional (nuevos embajadores, adscripción de bienes, traspaso de líneas de crédito, etc.)

Esto permitirá sostener de pie la figura de Guaidó. Pero para tumbar la de Nicolás Maduro hará falta también la defección de parte de su entorno, singularmente de la cúpula militar. Y para eso es imprescindible una oferta de amnistía, como la que ofrece Guaidó, si no se quiere que el pulso se alargue en el tiempo e incluso pueda conllevar especial violencia.

Está claro que para derribar una dictadura en ocasiones hay que tender un «puente de plata»: permitir que el tirano y su camarilla escapen impunes. Pero en el caso de Venezuela es tan astronómico el monto de la corrupción pública (entre 400.000 y 600.000 millones de dólares: hasta seis veces el PIB que tenía el país cuando llegó Hugo Chávez al poder); es tan extensa la red de funcionarios implicados en las estructuras oficiales de lo que es un narcoestado y una máquina de fraude electoral institucionalizada; es tan alta la cifra de asesinados por el régimen (varios cientos), que es difícil no predecir serios problemas para la transición (más allá de las elecciones que se convoquen) si la amnistía es demasiado amplia.

Ahí está el dilema: si hay perspectiva de castigo, el chavismo duro puede seguir cerrando filas, pero si hay impunidad ese mismo chavismo podrá seguir utilizando en la nueva etapa, para su provecho personal y político, prebendas que ha logrado injustamente. Por eso la presión internacional es muy importante, pues cuanto más arrinconado esté Maduro, menos será el precio que pueda exigir él y quienes hoy le secundan. Eso también lo saben aquellos dirigentes del PSUV que aspiran a salvar parte de su fuerza política en la democracia que debiera venir, lo que puede empujarles a buscar una salida negociada antes de colapsar por completo.

¿Financiarán las fortunas chavistas, amasadas mediante el robo de fondos públicos –de todos los venezolanos– al «nuevo chavismo»? Cuidado que con todo ese dinero se puede pagar buena mercadotecnia electoral y comprar no pocos votos. ¿Seguirán en sus puestos cientos de mandos militares que han colaborado activamente en el narcotráfico, el contrabando y el mercadeo con la comida de los pobres? ¿Continuarán en funciones judiciales los magistrados que han avalado la represión e incriminado a inocentes con pruebas falsas? ¿No aprovecharán unos servicios secretos sin plena depuración –o la misma Cuba, que tanta información tiene– para difundir vídeos comprometedores, grabados estos años, que hundan la carrera política de sus oponentes, perjudicando la confianza ciudadana en la democracia y desestabilizando la nueva etapa que debe comenzar?

Sin una comisión de la verdad que al menos determine las culpas, Venezuela no superará con éxito este momento negro de su historia. El problema, además de que el chavismo se negará a admitir delitos, es que parte de la oposición, que por torpeza o por razones de subsistencia ha comido del plato en el que muchas veces el régimen la alimentó, difícilmente aceptará que todo se sepa.