Polonia se rebela contra la legalidad europea pese al riesgo de perder las ayudas
El Tribunal Constitucional polaco dictamina que su Constitución prevalece sobre las leyes europeas
Polonia ha entrado en una situación de abierta rebeldía dentro de la Unión Europea, al incitar a que su Tribunal Constitucional dictamine que la legislación polaca prevalece sobre los tratados europeos y sobre las sentencias del Tribunal de Luxemburgo. La sentencia fue conocida ayer tarde después de varios aplazamientos forzados por los propios jueces polacos y sitúa a la Comisión Europea en una posición extraordinariamente difícil. En su primera reacción por escrito, el ejecutivo comunitario dejó claro que en realidad lo que es preeminente son los tratados y las sentencias europeas y advertía que «no dudará en hacer uso de las competencias que le confieren los tratados» para defenderlos, lo que en teoría incluye dejar a Polonia sin ayudas.
Para la Comisión, la sentencia «suscita serias preocupaciones» por lo que «la Comisión defiende y reafirma los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión, a saber: la legislación de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional, incluidas las disposiciones constitucionales y todas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas son vinculantes para las autoridades de todos los Estados miembros, incluidos los tribunales nacionales».
En cuanto a las consecuencias de esta decisión, la Comisión afirma que va a analizar la situación y que «no dudará en hacer uso de las competencias que le confieren los Tratados para salvaguardar la aplicación uniforme y la integridad del Derecho de la Unión». El comunicado de la institución que preside Ursula von der Leyen termina diciendo que «la Unión Europea es una comunidad de valores y de derecho que debe respetarse en todos los Estados miembros. Los derechos de los europeos en virtud de los Tratados deben protegerse, sin importar dónde vivan». En este sentido, «la Comisión tiene la tarea de salvaguardar el correcto funcionamiento del orden jurídico de la Unión y seguirá asegurándolo».
El Comisario de Justicia, Didier Reynders , que salía de un Consejo de ministros ordinario que se celebraba en Luxemburgo, adelantó que el ejecutivo comunitario utilizará «todos los mecanismos a su alcance» para imponer los principios en los que se basa la UE y que en primera instancia van a pasar por congelar la posibilidad de que Polonia reciba fondos para la reconstrucción de su economía después de los efectos de la pandemia.
«¿No creías en ‘Polexit’ ? ¿Creías en las decisiones del PiS? Bueno, pues ya han dado el siguiente paso en el camino hacia la salida de la UE. Es difícil imaginar un incumplimiento más grave de las obligaciones de un Estado miembro que el fallo del pseudo-tribunal al dictado de Kaczynski» escribió en redes sociales el alcalde de Varsovia Rafael Trzaskowski, que milita en la opositora Plataforma Cívica.
La mención al ‘Polexit’ puede parecer exagerada, sobre todo porque en realidad no existe un procedimiento para expulsar a un país miembro que no quiera salir por su propio pie, pero lo que tampoco se había previsto era una rebelión de este calibre, dictada nominalmente por el Tribunal Constitucional, pero alentada desde el gobierno nacional populista del PiS, el partido Ley y Justicia que desde su regreso al poder en 2015 no ha hecho más que tensar las relaciones con la Unión Europea, incluyendo a través de la intervención nada discreta en el funcionamiento de la Justicia y que le han costado varios expedientes y procedimiento de infracción y no pocas sentencias en contra del Tribunal Europeo de Justicia.
Reynders reconoció que estaban «muy preocupados» por la sentencia que contradice los principios esenciales de la estructura institucional de la propia UE. Aunque insistió en que antes de hacer una valoración política quería leer completamente la totalidad de la decisión polaca, el comisario dijo que en estas circunstancias «reafirmo que los principios que compartimos son la base de la UE» entre ello s «el carácter obligatorio del complimiento de las sentencias del Tribunal Europeo» y que por tanto desde la Comisión «seguiremos defendiendo esos principios con todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición».
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli , fue mucho más rotundo en su valoración de los hechos y dejó claro en un mensaje público que «el veredicto que se ha hecho público en Varsovia no puede quedar impune. La primacía de la ley europea es indiscutible. Violar este principio significa desafiar uno de los principios fundadores de la UE» e instó a la Comisión a actuar.
El gobierno liderado por el PiS acumula desde hace tiempo disputas cada vez más graves con las instituciones europeas sobre cuestiones que van desde la amenaza contra la independencia de los jueces, la libertad de prensa o los derechos de los colectivos LGBT. De hecho fue el propio primer ministro, Mateusz Morawiecki, quien presentó el caso en el Constitucional en marzo, para tratar de escapar a estos expedientes sancionadores quería demostrar que Bruselas no tiene derecho a interferir en los sistemas judiciales de los Estados miembros. El portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, escribió en Twitter que la sentencia confirma la primacía del derecho polaco sobre el europeo, salvo en los aspectos en los que el país ha cedido las competencias a la UE como comercio. «Hoy esto ha sido claramente confirmado una vez más por el tribunal constitucional».
Sin embargo, la primacía de las leyes europeas sobre las nacionales es un principio clave de la integración europea y los políticos de la oposición polaca han dicho repetidamente que desafiarla pone en peligro el futuro a largo plazo de Polonia en la UE y también la estabilidad del propio bloque.
Además de los procedimientos de infracción por atentar a los valores fundamentales, el Gobierno polaco tiene que afrontar también el hecho de que ahora existe un mecanismo para vincular las ayudas a la reconstrucción de la economía, con el respeto a los citados principios. Ese mecanismo ha sido denunciado por Polonia y Hungría precisamente ante el Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, aunque de todos modos la Comisión no ha aprobado el plan de reconstrucción de Polonia, que es un paso previo para el desembolso de las ayudas que ascienden a 57.000 millones de euros.
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