Polonia da marcha atrás en su polémica reforma del Tribunal Supremo
La Comisión Europea anunció que llevaría a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por vulnerar el principio de independencia judicial
El Parlamento de Polonia ha aprobado este miércoles unas enmiendas presentadas por el gubernamental Partido Ley y Justicia (PiS) para dar marcha atrás en las reformas introducidas en el Tribunal Supremo , tildadas de antidemocráticas por la Unión Europea (UE).
La votación se ha saldado con 215 votos a favor y 161 en contra de las enmiendas, después de que el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, destacara que Varsovia «está cumpliendo su obligación» después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiera en octubre la suspensión de la reforma.
La enmienda a la legislación que impone la reforma del alto tribunal ha sido publicada con su justificación en la página web del Parlamento de Polonia este miércoles. «La enmienda constituye una ejecución del requerimiento del Tribunal de Justicia de la UE», señala el texto de argumentación de la enmienda.
En septiembre, la Comisión Europea anunció que llevaría a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por vulnerar el principio de independencia judicial mediante la polémica Ley del Tribunal Supremo.
Bruselas argumentó entonces que la ley polaca del Supremo es «incompatible» con el derecho comunitario, dado que «socava el principio de la independencia del poder judicial, incluida la inamovilidad de los jueces», por lo que consideró que el Ejecutivo Varsovia estaría incumpliendo sus obligaciones fijadas en el Tratado de la UE así como en la Carta de Derechos Fundamentales.
La aplicación del nuevo régimen de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo polaco, que implica que 27 de los 72 magistrados en ejercicio se vean obligados a retirarse por edad , «se está acelerando y está creando un riesgo de perjuicio grave e irreparable para la independencia judicial» en el país, según señaló el Ejecutivo comunitario, que argumentó que la situación plantea un riesgo para el ordenamiento jurídico de la Unión.
La Comisión Europea inició en diciembre de 2017 el proceso para activar, por primera vez en la historia, el artículo 7 del Tratado de la UE por la amenaza al Estado de derecho en un país miembro. La polémica reforma judicial afecta al Tribunal Supremo y otorga al presidente del país un poder discrecional para prorrogar el mandato de los jueces de la corte, a la vez que permite también recurrir sentencias definitivas dictadas incluso años antes.
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