La pérdida de derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido, en cinco claves
Quienes no renueven su permiso temporal o pidan uno permanente a tiempo no podrán trabajar y podrán ser deportados
La Agencia Independiente de Monitorización (IMA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha emprendido acciones legales contra el Minsiterio del Interior británico por vulnerar los derechos de los comunitarios residentes en ese país y que están protegidos por los acuerdos del Brexit . Según este organismo, aquellos ciudadanos con el estatus temporal de preasentado que no soliciten a tiempo la renovación o un permiso permanente quedarán sin derecho a trabajar o a , y se expondrán a ser deportados.
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Estas son las claves del procedimiento de revisión judicial iniciado contra el Ministerio del Interior.
Obligación de solicitar la residencia en el país
El Programa de Asentamiento para los ciudadanos de la UE (EUSS, por sus siglas en inglés) obliga a los ciudadanos que hayan residido en el Reino Unido menos de cinco años y gocen del estatus de preasentado a solicitar un estatus de asentado o la renovación del actual antes de que este caduque.
Sin trabajo ni vivienda, y posible deportación
Si quienes tienen estatus de preasentado no solicitan a tiempo la renovación o el nuevo estatus de asentado, automáticamente perderán su derecho a trabajar en el Reino Unido, acceder a vivienda, educación y a pedir beneficios como residentes, y se exponen a ser deportados.
Perder derechos solo es legal en casos concretos
La Agencia Independiente de Monitorización (IMA, en inglés) considera que «los Acuerdos de Derechos de los Ciudadanos solo prevén la pérdida de derechos en circunstancias limitadas, y este no es uno de ellos» y, por tanto, «la política del Ministerio del Interior vulnera los Acuerdos».
El Ministerio del Interior, ante los tribunales
La IMA mostró su preocupación por la política del Ministerio del Interior y emitió el 15 de octubre un escrito de aviso. Después de que el ministerio discrepara de su interpretación de los Acuerdos, este órgano independiente emprendió las acciones legales ante los tribunales.
Casi 2,5 millones con estatus de preasentado
La directora ejecutiva de la Agencia Independiente de Monitorización, Kathryn Chamberlain, asegura que con estas medidas legales la IMA espera «aportar claridad a aquellos ciudadanos con estatus de presasentado», de los cuales había 2.485.000 a fecha del pasado 30 de noviembre, apunta.
