Pekín trata de amordazar a la Prensa de Hong Kong tras vetar a los políticos

Tras vetar a los candidatos más populares de la oposición demócrata, aplazar un año las elecciones legislativas de septiembre con el pretexto del coronavirus y detener a cuatro estudiantes por un mensaje independentista en internet, las autoridades de Hong Kong siguen recortando las libertades en nombre de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China. Al amparo de esta draconiana legislación, que castiga la oposición política con penas de hasta cadena perpetua, ayer fueron detenidas en Hong Kong diez personas en otra jornada aciaga para el movimiento democrático de la ciudad.

Entre ellos destacan Jimmy Lai, dueño del Apple Daily , el periódico más crítico con el autoritario régimen de Pekín, y la joven activista Agnes Chow, compañera en el ya disuelto partido Demosisto del famoso Joshua Wong y del exiliado Nathan Law. Junto a Lai, fueron arrestados sus dos hijos y cuatro directivos de su compañía. Además, la Policía apresó al periodista Wilson Li, colaborador de la cadena de televisión británica ITV y antiguo miembro del grupo estudiantil Scholarism, y a Andy Li, miembro de un grupo independiente de observadores electorales.

Al amanecer, agentes del nuevo Departamento de Seguridad Nacional se presentaron en la casa del magnate de la Prensa Jimmy Lai para detenerlo. Poco después, más de 200 policías registraban la sede de la compañía que publica el Apple Daily, Next Digital, y su redacción. Respondiendo a las críticas por esta presión sobre la libertad de expresión que, al menos todavía, se disfruta en Hong Kong, la Policía asegura que su investigación se centra en asuntos financieros y administrativos, no editoriales. Pero los periodistas del Apple Daily denunciaron que los agentes habían ido más allá de lo que permitía su orden de registro y habían revisado también documentos informativos.

Tal y como explicó el comisario de la nueva fuerza policial para investigar estos casos, Steve Li, las detenciones han sido por delitos contra la seguridad nacional, como colusión con fuerzas extranjeras, y por fraude. Sin decir los nombres, acusó a tres de los arrestados, entre ellos la única mujer, Agnes Chow, de estar «activamente implicados» en «pedir sanciones internacionales contra Hong Kong», mientras que los otros, aprovechando su papel en la Prensa, financiaban la organización con cuentas bancarias del extranjero.

Entre los detenidos figuran el consejero delegado del Apple Daily, Cheung Kim-hung, arrestado por conspiración para defraudar, y su director financiero, Chow Tat-kuen, apresado por colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional. Según informa la radiotelevisión pública de Hong Kong (RTHK), el comisario Li sugirió que el diario habría engañado para obtener un alquiler más bajo de sus oficinas, como vienen denunciando los partidos que apoyan al régimen chino, objetivo frecuente de sus críticas.

A la espera de ver cómo evolucionan las pesquisas policiales, ya se han hecho oír las primeras voces contre este ataque directo a la Prensa en Hong Kong. «La libertad de los medios debe ser respetada. Más pruebas de que la Ley de Seguridad Nacional se usa como pretexto para silenciar a la oposición» , denunció en Twitter el responsable para Asia del Foreign Office británico, Nigel Adams. Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Chris Yeung, se declaró «conmocionado y horrorizado» a las puertas del Apple Daily. «Esto es lo que vemos en algunos países del Tercer Mundo donde la Prensa y la libertad de expresión son suprimidas. Pero no podía imaginarme ver esto en Hong Kong», criticó, según recoge el periódico South China Morning Post.

Aunque las autoridades prometían que la Ley de Seguridad Nacional afectaría a «un grupo muy reducido de personas», ha barrido la ciudad en poco más de un mes. Impuesta por Pekín sin pasar por el Parlamento local, y sin conocerse su contenido hasta su promulgación el 30 de junio, pena la sedición, la subversión, el terrorismo y la colaboración con fuerzas extranjeras con penas que van desde entre tres y diez años de prisión hasta la cadena perpetua.