A vueltas con el Estado de derecho

¿Podría ser que uno de los más perniciosos efectos secundarios de la pandemia fuera un creciente cuestionamiento del estado de derecho? Al hilo de la actual crisis sanitaria ya hemos visto erosionarse desde los límites al poder del Estado hasta el balance entre derechos individuales y colectivos, pasando por el cuestionamiento de la privacidad de los ciudadanos y otros derechos civiles.

A esta lista de daños colaterales con profundas implicaciones políticas, sociales y económicas toca sumar el contagio de diversos gobiernos (no importa si bajo la influencia de la izquierda radical o del nacional-populismo ) empeñados en tomarse libertades con el estado de derecho, especialmente en lo que respecta a la separación de poderes y la independencia judicial.

Para salirse con la suya en la saga del Brexit , aunque sea incumpliendo las obligaciones internacionales asumidas por el Reino Unido, Boris Johnson ha olvidado una y otra vez que el Gobierno de Su Graciosa Majestad debe contar con una base legal para todo lo que hace y que sus ministros deben cumplir con las leyes aprobadas por el Parlamento y aplicadas por los tribunales («enemigos del pueblo»).

Sin salir del Viejo Continente, Polonia y Hungría han intentado tomar como rehén a las finanzas más necesitadas que nunca de la Unión Europea para salir impunes de su sistemático asalto al estado de derecho. Incluso el gobierno de España se ha metido en este callejón sin salida al considerar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin una reforzada mayoría parlamentaria.

La próxima Administración Biden tampoco es inmune a esta alarmante tendencia. La mutación americana se llama Court Packing, intentada de forma desastrosa por FDR en su segundo mandato, y supone expandir el número de jueces en el Supremo para forzar una mayoría favorable. Tras cuatro años de turbios manejos judiciales por parte de Trump, al otro lado del Atlántico también hay dificultades para recordar que Estados Unidos, antes incluso que una democracia, es una república gobernada por la ley.