Más Nixon que Hamilton

Dos semanas de juicio político en Estados Unidos dan para mucho. Aunque el resultado absolutorio nunca haya estado realmente en duda, el procedimiento contra el presidente Trump ha sido bastante elocuente sobre la polarizada coyuntura que atraviesa la democracia americana, sobre el funcionamiento del Senado federal, sobre el desempeño de los republicanos como partido político y sobre el mismo proceso «impeachment» como una efectiva herramienta constitucional efectiva contra el abuso de poder.

En última instancia las acusaciones formuladas por la mayoría demócrata en la Cámara Baja contra Donald Trump (abuso de poder y obstrucción al Congreso) se han convertido en un pulso sobre los poderes de la Presidencia. Algo especialmente trascendental en un sistema de gobierno diseñado en el siglo XVIII bajo la obsesión precisamente de evitar la concentración y el abuso de poder. De ahí el principio fundamental de checks and balances (controles y equilibrios) que asegura que en Washington nadie acapara todas las cartas del juego político.

Mas allá de las batallas tácticas o electoralistas, este impeachment ha quedado reducido a un contraste entre teorías opuestas sobre la naturaleza del poder de los ocupantes de la Casa Blanca. Para la acusación, el juicio político contra Trump es un control esencial sobre la autoridad del presidente, sobre todo cuando el ocupante del despacho oval antepone sus intereses personales y políticos a los de la nación. Para la defensa, se trata de una afronta a la separación de poderes y el debilitamiento de la requerida autoridad presidencial.

Una irónica consecuencia, mucho más nixoniana que hamiltoniana, de este juicio político puede ser la expansión de las atribuciones del Ejecutivo. Cuando el próximo miércoles, el Senado vote a favor de absolver a Trump estará asumiendo un principio especialmente problemático: el presidente de Estados Unidos puede hacer lo quiera mientras piense que se trata del interés nacional.