Los refugiados en Dinamarca verán confiscados sus objetos de valor para contribuir a su manutención

A pesar de las críticas de Naciones Unidas y de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la que ha sido calificada por el primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen como «la ley más incomprendida de la historia de Dinamarca» se ha aprobado este martes en el Parlamento y será firmada por la reina Margarita en los próximos días.

Entre las medidas que contempla la nueva iniciativa legal se encuentra la de confiscar a los demandantes de asilo los objetos de un valor superior a 10.000 coronas (1.340 euros), siempre que no tengan un valor sentimental, para que contribuyan a su manutención. El Gobierno justifica la medida en la necesidad de igualar a los inmigrantes con los ciudadanos daneses menos favorecidos, que también necesitan vender sus bienes si desean acceder a determinados subsidios. «El estado del bienestar danés se basa en el principio simple de que el estado ayuda y paga por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, pero no por los que son capaces de hacerlo», explicó el ministro de Exteriores, Khristian Jensen, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la pasada semana.

No es, sin embargo, la única medida polémica contemplada en la nueva ley, ya que, a partir de su aprobación, los demandantes de asilo verán aumentado el tiempo de espera para la reagrupación familiar hasta tres años, en lugar de uno como sucedía hasta la fecha, y tendrán que pagar los viajes de los familiares que quieran traer al país. Los permisos de residencia serán para dos años y serán revisados si las circunstancias de persecución política, racial o religiosa por las que fueron aceptados cambian.

Además, para que los extranjeros puedan optar al permiso de residencia permanente, deberán pasar un examen de danés de nivel 2, más complicado que el nivel 1 que se exigía en la actualidad, y haber tenido empleo durante dos años y medio en los últimos tres años. Para solicitarlo es necesario que hayan vivido seis años en el país y no cinco como sucedía hasta ahora y pagar unos 500 euros por su expediente. Habrá excepciones cuando los extranjeros demuestren un mayor nivel de integración, bien sea por el dominio del idioma, tener empleo o disponer de un salario anual de 270.000 coronas (36.000 euros).

Dinamarca, que siempre fue considerado un país de acogida, trata de ser menos atractiva para la inmigración con esta nueva ley ya que, según algunas encuestas del gobierno, el 70 por ciento de los daneses cree que la inmigración es el mayor problema político al que se enfrenta la nación escandinava. En 2015 llegaron cerca de 20.000 refugiados al país y se espera que esta cifra pueda bajar en el presente año tras la aprobación de la ley y los controles de fronteras que se han establecido para disuadir a los demandantes de asilo.