Los obispos franceses critican aspectos de la ley de Macron contra el islamismo

La Conferencia episcopal francesa (CEF) critica con severidad y pide una revisión del proyecto de ley del gobierno destinado a «reforzar el respeto de los principios de la república» y combatir la gangrena islamista. Ese proyecto fue aprobado en la Asamblea Nacional el 15 de febrero pasado en primera lectura. Y debe ser releído, revisado y enmendado, en el Senado, a lo largo de las próximas semanas.

Ante el 'riesgo' de aprobación definitiva, la CEF y su presidente, monseñor Éric de Moulins-Beaufort, arzobispo de Reims, encabezan un movimiento de crítica, protesta y revisión del proyecto de Ley, que justifican de este modo: «Se corre el riesgo de transformar la ley de 1905, que permite ejercer la libertad de culto, en una ley que multiplica los controles administrativos y restringe las libertades . Como ciudadanos, los responsables de las iglesias cristianas, católicos, ortodoxos y protestantes, comprendemos perfectamente que el Estado debe luchar contra quienes intentan imponer sus costumbres en un barrio o a una parte de la población. El Estado, sin duda, debe combatir las prácticas que atentan contra la dignidad de las mujeres, contra la propagación de mensajes de odio y violencia. Pero la libertad de culto también debe respetarse».

Como presidente de la CEF, monseñor Éric de Moulins-Beaufort ha redactado una suerte de manifiesto que también han firmado el presidente de la Federación protestante de Francia (FPdF), el pastor François Clavairoly, y Emmanuel Adamakis, presidente de la Asamblea de los obispos ortodoxos de Francia. El documento lanza contra el proyecto de ley concebido por el gobierno de Emmanuel Macro n esta crítica de fondo: «El proyecto de ley corre el riesgo de ser un atentado contra las libertades fundamentales, como son la libertad de culto, la libertad de asociación y la libertad de enseñanza. Incluso la libertad de opinión corre el riesgo de ser víctima de una policía del pensamiento, instalándose en la vida cívica».

La Conferencia episcopal, la Federación de los protestantes y la Asamblea de los obispos ortodoxos consideran positivos estos aspectos del proyecto de ley: «El Estado cumple con su deber luchando contra la violencia, protegiendo a los ciudadanos. Apoyamos expresamente los dispositivos legislativos que impidan los matrimonios forzados, las mutilaciones sexuales de las jóvenes, la desigualdad ante la herencia, las discriminaciones y la propagación del odio… Pero ¿para qué complicar el funcionamiento de las asociaciones culturales?».

Monseñor Éric de Moulins-Beaufort, presidente de la CEF, no ha deseado que las autoridades judías ni musulmanas firmen el manifiesto firmado por católicos, protestantes y ortodoxos, por esta razón: «No hemos deseado formar un 'frente religioso' contra el proyecto gubernamental. Cada religión tiene sus relaciones propias con el Estado. Para nosotros, católicos, cristianos, lo esencial es que el Estado comprende que la vida cívica no puede resumirse a su regulación por la administración o el mercado. Es fundamental que el Estado comprenda que los ciudadanos tienen relaciones propias con una referencia espiritual, una referencia que trasciende y más allá de la política o el mercado. Ese es el sentido último de nuestra crítica contra el proyecto de ley, que debería modificarse en cosas esenciales».