Nacionalizar el litio, primera señal de alarma de la era de Boric de Chile
La salida del ejército de las zonas donde actúa el terrorismo mapuche despierta también inquietud
Dos pruebas intenta sortear el presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric , a pocos meses de asumir el mando, que alimentan la tensión ante un programa de gobierno cuestionado por sus efectos en la economía, la seguridad jurídica que requieren los inversores y la defensa del Estado de derecho.
«Se está desvelando que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales no hubo otro Boric , como creyeron algunos; no hubo un cambio programático, solo de formas o maneras», señala a ABC el analista Gonzalo Cordero.
La primera señal de alarma se refiere a la licitación internacional para la explotación de 400.000 toneladas de litio que el gobierno convocó en octubre pasado y cuya adjudicación se debe resolver el próximo 14 de enero. El anuncio del Ministerio de Minería, que recibió cinco propuestas por un monto total que supera los 200 millones de dólares, llevó a que el equipo de Boric y parlamentarios de la oposición de izquierdas solicitaran suspender el proceso e incluso un grupo de diputados presentó un recurso ante los tribunales con ese objetivo.
El pacto Apruebo Dignidad, conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, ha pedido la creación de una empresa estatal que se haga cargo del negocio y por ello el coordinador político de Boric, Giorgio Jackson, solicitó al gobierno saliente de Piñera que con sus últimas medidas «no genere problemas» a la administración que asume el 11 de marzo. «Sería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis», señaló.
El ministro del ramo Juan Carlos Jobet debió explicar que solo se está licitando la explotación del 4% de las reservas totales que posee Chile de este mineral, pero ello no calmó las aguas y terminó reuniéndose este miércoles con la portavoz del presidente electo, Izkia Siches, y parte de los asesores económicos de Boric. Tras el encuentro Jobet indicó que darán respuesta a todas las inquietudes planteadas antes de la adjudicación y expresó su deseo de que el gobierno entrante respalde la decisión, pues «de lo contrario, las señales que se dan es que podría estar en riesgo su continuidad y eso sería malo para la licitación, pero también para el país y su reputación internacional».
Por su parte, Izkia Siches se hizo cargo de los temores del mundo empresarial en orden a respetar la institucionalidad y la necesidad de dar certezas jurídicas, e indicó que es necesario construir una política de Estado «que pueda transitar los distintos gobiernos y nos permita dar claridad a los mercados internacionales».
Los analistas recuerdan que la agenda original del Frente Amplio y del PC chileno incluye nacionalizar parte de la industria minera, y el litio, por su proyección, es un candidato seguro a ello. «Lo que hay detrás de esto, lo que subyace a esta petición de paralización, es la convicción de que los privados no deben participar en la explotación de recursos naturales», sostuvo Cordero.
Grupos mapuches
El otro tema que ha estado siempre en la agenda de Boric, pero que se transforma en una prueba de fuego real para su administración es la violencia de grupos mapuches en las regiones del Biobío y Araucanía.
La Coordinadora Arauco Macheco, CAM, y la Resistencia Mapuche Lavkenche, RML, dos grupos terroristas que llevan años quemando casas, templos y escuelas, así como maquinaria forestal, y cobrándose varias vidas en la zona, reivindicaron la violencia política y anunciaron que los ataques armados «no pararán ni con Piñera ni con Boric». En un comunicado subido a las redes, la CAM le advirtió al futuro gobierno –que calificaron de «nueva izquierda hippie, progre y buena onda»– que el pueblo mapuche mantendrá su propio ordenamiento político-militar.
El mandatario electo sostuvo durante la campaña ser contrario a la militarización de la zona y los parlamentarios de oposición han respaldado esa línea rechazando consecutivamente la declaración de estado de excepción en cuatro provincias . Esta medida, aplicada por Piñera desde mediados de octubre, ha permitido a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía en el control del territorio, disminuyendo en un 17% los atentados, según cifras de las autoridades.
Este martes, el Congreso prorrogó por sexta vez el estado de excepción con los votos en contra del Frente Amplio, partidos Comunista y Socialista, entre otros,
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