El magistrado chavista huido a EE.UU. asegura que La Habana controla el régimen de Maduro
Christian Zerpa abandonó su cargo porque no estaba de acuerdo con la jura de Maduro el próximo 10 de enero
A tan solo 24 horas de juramentarse nuevamente como presidente de Venezuela, por un segundo período de seis años (2019-2025), Nicolás Maduro debe lidiar con la controvertida fuga a Estados Unidos de Christian Zerpa , un magistrado chavista de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que abandonó su cargo y huyó a Orlando (Florida) porque estaba en desacuerdo con la jura de Maduro el próximo 10 de enero.
Las declaraciones del «magistrado exprés» -como llaman a todos los magistrados juramentados inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional de mayoría chavista en 2015 tras perder las elecciones parlamentarias de ese año y antes de que se acabara su legislatura- en territorio norteamericano dejan una vez más en evidencia lo que el mundo entero conoce: no hay separación de poderes en Venezuela y desde el Gobierno se controlan todos los procesos electorales celebrados en el país desde la existencia de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder.
Incluso asegura que La Habana sigue mandando y dando órdenes con respecto a las decisiones políticas de alto nivel. «Vi cómo el embajador de Cuba le daba instrucciones en un cuartico a Maduro», dijo Zerpa.
El juez desertó a EE.UU. atravesando la frontera colombovenezolana con ayuda de las autoridades migratorias del vecino país por considerar que Maduro «fue reelegido en unos comicios sin garantías ni libertades» y por diferencias con el propio TSJ.
«Decidí conjuntamente con mi familia salir de Venezuela para desconocer de una u otra forma el Gobierno de Nicolás Maduro», dijo Zerpa en una entrevista concedida al canal venezolano EVTV en Miami. «Yo considero que el presidente Maduro no se merece una segunda oportunidad porque la elección de la cual él supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue elección competitiva», aseguró.
De hecho, la Asamblea Nacional opositora no reconocerá el segundo mandato de Nicolás Maduro. Así lo ratificó su recién investido presidente, el diputado Juan Guaidó , que durante su discurso inaugural señaló que a partir del jueves «el mandatario estaría usurpando el cargo debido a que fue electo sin cumplir los parámetros legales», y llamó a los venezolanos a asumir el reto de conducir el destino de la nación para recuperar el estado de derecho.
Campaña de descredito
Una vez Caracas conoció la noticia del exilio de Christian Zerpa comenzó con la conocida campaña de descredito y difamación muy propia y característica del régimen contra sus desertores. Maikel Moreno , presidente del TSJ y jefe de Zerpa publicó en su cuenta de Facebook que habría huido debido a las acusaciones de acoso sexual por las que estaba siendo investigado desde el 23 de noviembre de 2018.
Según afirmó Moreno, había «reiteradas denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho». Asimismo, el presidente del TSJ aseguró que muchas de las trabajadoras presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución, ante la «aberrante conducta».
El magistrado y antiguo diputado oficialista de la Asamblea Nacional se enteró que ocuparía ese cargo por medio de una llamada telefónica de Cilia Flores. «A mi me escoge Maduro con la única intención de garantizar desde la Sala Electoral decisiones favorables al Gobierno . Me llamó personalmente su esposa, Cilia Flores, y me dijo que debía postularme a magistrado», apuntó.
Sin embargo, de acuerdo a una investigación realizada por la ONG venezolana Acceso a la Justicia, Zerpa no cumplía los requisitos establecidos por la Constitución para ocupar su cargo. Entre las razones que pesaban en este argumento estaba que no había ejercido la abogacía durante 15 años ni se había desempeñado como profesor universitario de Derecho.
El juez, ahora en trámites de asilo en EE.UU., fue una figura clave para el Gobierno de Venezuela, especialmente en 2016 cuando firmó un fallo que despojó a la Asamblea Nacional de la mayoría de sus poderes después que la oposición ganara la mayoría en el legislativo.
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