Kurz fuerza la destitución del ministro de Interior Kickl, de los ultraderechistas del FPÖ
Los ministros de ultraderecha abandonan el Gobierno austríaco
« Herbert Kickl era secretario general del FPÖ y responsable de sus finanzas cuando fue grabado el vídeo, durante nuestras conversaciones los últimos días no me ha parecido que entienda la gravedad de lo sucedido ni que tenga la sensibilidad suficiente para gestionar los hechos. Hay circunstancias en las que uno demuestra que no está capacitado para formar parte de un gobierno democrático», ha justificado este lunes el canciller de Austria, Sebastian Kurz, su decisión de forzar la destitución de Kickl como ministro de interior. «Hubiera preferido que la decisión partiese de él, la verdad, pero ante su negativa he hablado con el presidente van der Bellen y le he comunicado la conveniencia de su salida del gobierno».
Terminaba así una jornada de amagos y envainadas de sable en la que los diferentes partidos austriacos se jugaron el desenlace del escándalo. El ministro de Cancillería Gernot Blümel había filtrado a primera hora la posible destitución del ministro de Interior, que al igual que el recién dimitido vicecanciller Christian Strache pertenece al partido de extrema derecha FPÖ. El canciller Kurz continuó aumentando la presión con unas declaraciones en las que reconoció que «en efecto, será muy difícil que se investigue a sí mismo». Pero la extrema derecha austriaca no estaba dispuesta a ponérselo tan fácil y movió ficha. Los ministros de Interior y Transporte ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que amenazaron con abandonar todas las carteras en manos del FPÖ si era forzada la salida de Kickl, retando a Kurz resistir hasta septiembre al frente de un gobierno de alguna manera intervenido, en el que los cinco ministros de extrema derecha serán sustituidos por expertos independientes. Kickl incluso se marcó un farol añadido, nombrando en medio de la crisis a Peter Goldgruber, una persona de su total confianza, como nuevo director general de Seguridad.
Kurz respondió con unas declaraciones posteriores a la reunión de la directiva de su partido conservador (ÖVP) en las que se revistió con el apoyo unánime de la formación que preside y llamó a la derecha austriaca en sus diversas modalidades de intensidad a cerrar filas. «Haremos todo lo necesario por la estabilidad en los próximos meses, no solo por Austria sino también por la UE», dijo, «aunque los medios de comunicación estén ahora comprensiblemente ocupados con otros asuntos, cabe recordar que el domingo se celebran unas elecciones europeas decisivas en las que una mayoría formada por una coalición de izquierdas debe ser evitada».
La primera encuesta realizada tras estallar el «Ibizagate», un sondeo elaborado por el Instituto Research Affairs entre el 18 y el 20 de mayo, señala que Kurz ha salido reforzado por ahora de la crisis . El Partido Popular Austriaco (ÖVP) sería el más votado si este próximo domingo se celebrasen elecciones generales en Austria, con un 38% de los votos, frente al 34% obtenido en octubre de 2017. La extrema derecha del FPÖ, sin embargo, cae hasta el 18% y quedaría también claramente por detrás de los socialdemócratas del SPÖ, que se anotan un 26%. El 83% de los encuestados, por lo demás, considera «Completamente correcta» la inmediata dimisión del vicecanciller Christian Strache y el 60% considera «positiva» la convocatoria de elecciones anticipadas a principios de septiembre. La influencia del escándalo en las europeas del domingo no ha sido estadísticamente evaluada, pero cabe esperar que el FPÖ retroceda y protagonice un efecto de arrastre sobre otros partidos de extrema derecha de Europa.
Kurz salva los muebles por ahora cediendo a la exigencia de la oposición socialdemócrata , que amenazaba por su parte con una moción de censura que le impediría seguir gobernando hasta las elecciones anticipadas de principios de septiembre, como es su intención, si Kickl no salía del gobierno. Esa era también la condición de los activistas de izquierda alemanes «Zentrum für Politische Schönheit» (Centro para la belleza política), que tuvieron conocimiento de la existencia del vídeo antes de que se publicase pero no deseaban dar detalles sobre el asunto mientras Kickl siguiese al frente de Interior.
El canciller austriaco prometió ayer, por encima de todo, una «total aclaración» de los hechos. La Fiscalía General ha abierto una investigación par a averiguar si Strache o el portavoz del grupo parlamentario del FPÖ, Johan Gudenus, cometieron algún delito imputable en la reunión de julio de 2017 en el chalet de Ibiza, en el que fueron grabados con una cámara oculta. Los medios alemanes que publicaron el vídeo, Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung, sin embargo, se han negado a facilitar a los fiscales austriacos el bruto de las imágenes, del que solamente ha sido publicada una parte.
A lo largo de la jornada de ayer aparecieron también varios de los dañados colateralmente por el vídeo, como Hans-Peter Haselsteiner, responsable de la empresa de la construcción Strabag, a la que en el vídeo se citaba como víctima a la que se quitarían los contratos públicos para dárselos a las empresas de la falsa sobrina del oligarca ruso. Haselsteiner reconoció que “no me ha sorprendido nada de lo que se mostraba en esa cinta”, aunque defendía que sus contratos están protegidos por la ley porque fueron ganados en concursos públicos.
Ministro controvertido
Los servicios de inteligencia austriacos (BVT) habían sido aislados por los del resto de países amigos desde hace meses debido a la desconfianza que generaba Herbert Kickl. Poco después de entrar en el gobierno, altos cargos de su departamento presionaron a personal del BVT para abrir una investigación al director de inteligencia, el conservador Peter Grindling, que fue destituido tras un allanamiento irregular que está ahora en manos de una comisión parlamentaria cuya investigación terminará en junio. El allanamiento fue llevado a cabo por unidades especiales de la policía, algo inusual, al mando de un oficial militante del FPÖ. Los agentes se llevaron una copia de la conocida como «Red Neptuno», la plataforma a través de la que los servicios secretos de Austria compartían información con los países de la UE, Suiza y Noruega, en la que constaría la identidad de agentes infiltrados en los partidos de extrema derecha de toda Europa.
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