Johnson obliga a los Comunes a hacer horas extra para aprobar un pacto pos-Brexit

Los diputados de la Cámara de los Comunes empezaron ayer su receso navideño con la advertencia de que en cualquier momento podrían ser llamados al Parlamento para ratificar el acuerdo con la Unión Europea, en caso de que finalmente Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo in extremis. «Creemos que podemos aprobar la legislación necesaria antes del 31 de diciembre para dar seguridad jurídica a las empresas en el futuro», declaró el número dos del Gobierno, Michael Gove, que sostuvo que dicha aprobación podría producirse solo dos días después del anuncio de un pacto. Sin embargo, fue claro en que «si no hay tiempo para el escrutinio parlamentario, saldremos (el 31 de diciembre) sin acuerdo». Por su parte, una fuente de Downing Street aseveró que no creen que sea necesario que los parlamentarios trabajen el día de Navidad, sobre todo ahora que la nueva fecha límite para el fin de las negociaciones es el domingo por la noche, y según fuentes del Parlamento, podría acordarse una votación el 28 de diciembre si se llega a un acuerdo antes de la medianoche del domingo 21 de diciembre.

El Reino Unido tiene además dos proyectos de ley relacionados con el divorcio en diferentes etapas del proceso legislativo: el proyecto de ley del mercado interno y el proyecto de ley de impuestos. El primero, que se encuentra en las fases finales antes de su aprobación, generó mucha polémica cuando el gobierno admitió que supondría una violación del derecho internacional ya que algunas de sus cláusulas entran en conflicto con partes del Acuerdo de Retirada. No obstante, el Ejecutivo justificó su decisión diciendo que este es un paso importante para poder garantizar el libre comercio entre las cuatro naciones que conforman el Reino Unido –Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte– una vez que la salida de la UE sea definitiva. Además, quiere tener una red de seguridad ante los previsiblemente complejos acuerdos aduaneros, ya que mientras los bienes y productos deberían poder moverse sin obstáculos entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, el Gobierno no quiere que Irlanda sea «una puerta trasera» para la entrada de mercancías desde el bloque comunitario.

El Gobierno de Boris Johnson considera que en ambos textos legislativos hay cláusulas necesarias para proteger a Irlanda del Norte en caso de que haya dudas, lagunas o directamente una falta de acuerdo sobre cómo gestionar su frontera con la República de Irlanda. Pero en todo caso, en las últimas semanas suavizó su posición diciendo que podría estar dispuesto a eliminar algunas de las cláusulas conflictivas si hay una conclusión «satisfactoria» en los próximos días de las conversaciones con respecto a la implementación de las reglas en la frontera irlandesa, y que son independientes de las negociaciones sobre un acuerdo comercial pos-Brexit.