¿Por qué es tan importante la decisión de la Corte Suprema para los hispanos?
El lunes el Tribunal norteamericano dictaminará si la acción del Gobierno de Obama de proteger a inmigrantes indocumentados es legal
Se da por hecho que la sentencia se dará a conocer este mes, previsiblemente entre el 13 (mañana), el 20 y 27 de junio. El lunes es el día fijado para la revisión y resolución del informe por parte del tribunal.
¿Sobre qué decide la Corte Suprema?
Decide sobre la legalidad o no de la acción ejecutiva de Obama, que protegió a dos grupos: los padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes en EE.UU. desde el 1 de enero de 2010 (DAPA), cuyo programa está paralizado, y los jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años (DACA plus).
¿Qué posibles decisiones puede adoptar?
Los expertos apuntan estas posibilidades: que los jueces voten a favor de la Administración Obama y desbloqueen la protección; que fallen a favor de los 26 estados que demandaron a la Administración, comandados por el de Texas, y anule los programas. Estaríamos ante una desprotección ya consolidada y, posiblemente, ante el paso previo a posibles deportaciones; y, por último, que la Corte Suprema aplace el fallo a noviembre. La celebración de la campaña electoral abona esta última tesis, para que no interfiera en la elección presidencial.
¿Qué pasa si en la votación hay empate a cuatro?
Dado que el puesto del fallecido magistrado conservador Antonin Scalia sigue vacante, son ocho los que integran hoy la Corte Suprema, y puede haber empate. En ese caso, prevalecen las decisiones de tribunales anteriores, que fallaron a favor de los estados y en contra de la Administración. Para que los inmigrantes ganen, al menos cinco magistrados deben votar a favor.
En caso de aprobarse los programas, ¿entrarían en vigor inmediatamente?
Es una incógnita. Se espera que el propio tribunal marque las pautas para que los programas se desbloqueen y los inmigrantes puedan acogerse a ellos. Los expertos estiman que habrá unos meses complejos , pero confían en que la Administración Obama agilice el proceso antes de que el presidente concluya su mandato, en el mes de enero.
Una resolución contraria, ¿abriría la puerta a deportaciones masivas?
En principio sí, aunque habría que ver qué resuelve la Corte Suprema al respecto. Dado que hablamos de 5,5 millones de padres y 1,2 millones de «dreamers», la ejecución de expulsiones constituiría un problema, no ya sólo político y social, sino económico . La Administración debería asumir un elevado coste administrativo, de miles de millones de dólares, para hacerlas efectivas.
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