Huawei contraataca y demanda a Estados Unidos
Denuncia por «inconstitucional» su prohibición de venderle al Gobierno
En una nueva batalla de la guerra con Estados Unidos, el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei demandó ayer al Gobierno del presidente Trump por restringir las ventas de esta compañía a la Administración pública. Ante un tribunal de Texas, donde la empresa tiene su sede en EE.UU., Huawei ha pedido que se declare inconstitucional la sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en sus siglas en inglés) de 2019. Según la reclamación, dicha normativa no solo prohíbe a todas las agencias gubernamentales de EE.UU. comprar equipos y servicios a Huawei, sino que también les impide contratar u otorgar subvenciones o préstamos a los clientes de la compañía, sin que haya de por medio ningún proceso ejecutivo o judicial.
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«El Congreso de Estados Unidos ha fallado en repetidas ocasiones al presentar pruebas que respalden sus restricciones impuestas a los productos de Huawei, por lo que nos vemos obligados a tomar esta acción legal como último recurso», explicó su presidente rotatorio, Guo Ping, en una rueda de prensa en la tecnológica ciudad sureña de Shenzhen, donde la compañía tiene su cuartel general. Según consta en un comunicado remitido por Huawei, Guo Ping denunció que «esta prohibición no solo es ilegal, sino que también nos impide participar en una competencia justa, perjudicando en última instancia a los consumidores estadounidenses».
Cruce de acusaciones
Además, Guo acusó al Gobierno de Trump de «haber pirateado nuestros servidores y robado nuestros correos electrónicos y códigos fuente». Sospechando que esta multinacional, fundada por un antiguo militar, funcione al servicio del régimen chino, EE.UU. ha vetado su expansión por su territorio por miedo a que instale en sus equipos de telecomunicaciones «puertas traseras» que permitan el espionaje industrial o incluso el robo de secretos oficiales. «A pesar de todo esto, el Gobierno de EE.UU. nunca ha ofrecido ninguna prueba apoyando las acusaciones de que Huawei entraña una amenaza para la ciberseguridad», criticó el presidente rotatorio.
Por su parte, el jefe de los servicios jurídicos de Huawei, Song Liuping, destacó que «la sección 889 se basa en numerosas proposiciones falsas, no probadas y no verificadas». A su juicio, y «en contraposición con las premisas del estatuto, Huawei no es propiedad del gobierno chino ni se encuentra bajo su control o influencia», teniendo además «un excelente historial y sólidos mecanismos de seguridad». En su demanda, la compañía alega que la sección 889 es inconstitucional porque viola la «cláusula del proceso debido», que prohíbe al Gobierno privar de los derechos de una persona o entidad sin el pertinente procedimiento judicial. A pesar de ser el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, y el segundo de teléfonos móviles inteligentes, Huawei se queja de sufrir una «muerte civil» en EE.UU. y asegura que la normativa «infringe la separación de poderes que ampara la Constitución, ya que el Congreso promulga la ley y a su vez la ejecuta».
Este no es el único frente que el gigante chino tiene abierto con la Casa Blanca, que a su vez libra una guerra comercial con el autoritario régimen de Pekín. Como buque insignia de la tecnología china, Huawei se ha visto atrapada en el fuego cruzado y ha sido acusada por los tribunales estadounidenses de numerosos cargos, como fraude financiero y violación de sanciones comerciales. Su directora financiera e hija del fundador, Meng Wanzhou, se halla en libertad bajo fianza en Canadá esperando que un tribunal de Vancouver decida sobre la extradición pedida por las autoridades estadounidenses. Con la vista fijada para el 8 de mayo, su abogado ya ha alertado de las motivaciones políticas del caso recordando que el propio presidente Trump llegó a reconocer que mediaría en el mismo si eso le ayudaba a conseguir un buen acuerdo en la guerra comercial con China.
Demanda contra Canadá
Mientras tanto, y siguiendo con esta nueva ofensiva legal, Meng Wanzhou también ha demandado al Gobierno y a la Policía de Canadá alegando que su arresto ha violado sus derechos constitucionales. El 1 de diciembre, la misma noche que Trump y el presidente de China, Xi Jinping, cenaban juntos en Buenos Aires durante la cumbre del G-20, Meng fue detenida al hacer escala en el aeropuerto de Vancouver mientras volaba de Pekín a México. El motivo: una orden de búsqueda y captura emitida por un tribunal de Nueva York por, presuntamente, haber violado el embargo de EE.UU. contra Irán por su programa nuclear al intentar venderle material tecnológico en 2009.
Desde entonces, la imagen de la compañía se ha resentido y algunos países, alertados por EE.UU., han decidido prescindir de su tecnología 5G para la próxima generación de internet. Negando que sus equipos escondan un «Caballo de Troya», Huawei insiste en que, si se le permitiera competir en el mercado estadounidense, las operadores de telefonía se ahorrarían al menos 20.000 millones de dólares (17.800 millones de euros) en cuatro años al reducirse entre un 15 y un 40 por ciento los costes de infraestructuras para los móviles.
El «caso Huawei» también ha desatado una guerra diplomática entre Canadá y China, que tiene detenidos a dos ciudadanos de este país, Michel Kovrig y Michael Spavor, a los que ha acusado de «robar secretos de Estado» por sus conexiones con Corea del Norte. A ellos se suma un tercer canadiense, Robert Schellenberg,condenado a pena de muerte por tráfico de drogas, una sentencia que inicialmente era a 15 años de cárcel pero fue endurecida tras el arresto de la «heredera» de Huawei en Vancouver.
