Trump permitirá la detención indefinida de menores sin papeles
Acaba con el Acuerdo Flores, que estaba vigente en Estados Unidos desde 1997
El Gobierno de Estados Unidos pondrá fin a un acuerdo que desde hace dos décadas limita el tiempo que los menores inmigrantes pueden permanecer detenidos por las autoridades. El viernes los ministerios de Interior y Sanidad norteamericanos emitirán una nueva directiva por la cual ponen fin al llamado Acuerdo Flores , aprobado en 1997 y que obliga al Gobierno a mantener a los menores en condiciones poco restrictivas y a liberarlos tan pronto como sea posible, en la mayoría de los casos tras no más de 20 días de detención.
El acuerdo que ahora queda invalidado fue firmado por el Gobierno para evitar una sentencia desfavorable tras la demanda interpuesta por una menor salvadoreña sin papeles, Jenny Lisette Flores, que fue detenida en condiciones insalubres. Desde entonces, los distintos puntos de aquel acuerdo judicial han servido al gobierno de guía para tratar a menores de edad arrestados por no tener papeles.
A lo largo de los años, muchos de ellos han sido puestos en libertad tras dos semanas de detención y ahora, conocidos como ‹ dreamers ›, solicitan ciudadanía en EE.UU. Otros han sido liberados junto con las familias con las que han cruzado a EE.UU., ya que los jueces establecieron en diversas sentencias que si el niño es excarcelado, los responsables de su manutención deben quedar libres. Para el Gobierno, este pacto ha incitado a adultos centroamericanos a emigrar ilegalmente a EE.UU. con niños, para aprovecharse de las protecciones humanitarias y quedar en libertad.
Según dijo ayer en conferencia de prensa el ministro de Interior en funciones, Kevin McAleenan, la Casa Blanca dejará de respetar el acuerdo porque considera que tenía una vigencia meramente temporal y ha quedado obsoleto. El objetivo de la Administración Trump es no liberar a los peticionarios de asilo que no tienen papeles, aunque sean menores de edad, con la intención última de deportarlos y de crear además un efecto disuasorio entre otros centroamericanos que quieran emigrar. Las asociaciones de defensa de los inmigrantes ya han anunciado nuevas demandas por incumplimiento de un acuerdo que en teoría es vinculante.
«La nueva normativa cerrará la brecha legal que surgió tras las varias reinterpretaciones que ha habido del llamado Acuerdo Flores», dijo ayer McAleenan, el ministro de Interior. «Estos cambios de ahora en realidad sirven para proteger a los menores, al reducir los incentivos de los que disponen los adultos, incluidos los traficantes de personas, para explotarlos y traerles en viajes muy peligrosos hasta cruzar nuestra frontera. Esos adultos utilizan a los niños para entrar en EE.UU. y quedarse aquí mientras se tramitan sus solicitudes de residencia», añadió.
El Gobierno norteamericano mantiene que está elaborando una nueva serie de normas de detención de menores, más estrictas y detalladas que aquellas por las que se rige ahora, que serán de obligado cumplimiento en todos los centros de acogida y detención. Además, someterá a todos los internados en que haya menores a inspecciones rutinarias que posteriormente hará públicas para eludir cualquier acusación de maltrato o abusos. Los menores y sus familiares podrán permanecer detenidos más de los 20 días de límite actual.
Evitar traumas
Esas nuevas reglas estarán en vigor dos meses después de que se publiquen en el diario oficial, si no hay impugnaciones legales o estas son desestimadas por la Justicia. Los demócratas en el Congreso ya han anunciado que se opondrán a ellas y el Caucus Hispano, la bancada de diputados y senadores latinos del Capitolio, emitió ayer un comunicado en el que afirma que luchará contra «el intento de la Administración Trump de detener de forma indefinida a familias vulnerables, a pesar del trauma que provocará a los niños».
Las organizaciones migratorias defienden que en EE.UU. hay 11 millones de indocumentados. Esa cifra, que no es oficial, se ha mantenido sin cambios en los pasados diez años, por lo que seguramente es mucho mayor.
Y en plena cruzada contra la inmigración ilegal, Trump aseguraba ayer que está considerando «seriamente» acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento , una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos ven inconstitucional.
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