El Gobierno de Perú pide perdón por la matanza de Accomarca en 1985

Una patrulla del ejército mató a 69 personas, entre ellas 30 niños, por supuestamente pertenecer a la banda terrorista Sendero Luminoso

Un familiar llora junto a los féretros con los restos de las víctimas de la masacre de Accomarca de 1985 AFP

Paola Ugaz

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Treinta y siete años después de la matanza ocurrida en Accomarca, Ayacucho, al sureste de Perú, donde el ejército mató a 69 personas se entregaron los restos a sus familiares en una sentida ceremonia donde el primer ministro, Aníbal Torres señaló que «nunca más el Estado debe enlutar a nuestras familias».

«Nunca más deben ocurrir hechos como los que se produjeron en Accomarca, donde las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas fueron un medio para combatir el terror en nuestra patria. Nunca más el Estado debe olvidar que su fin último es la defensa de la persona y de su dignidad», dijo Torres durante la ceremonia de entrega de restos.

«Hace 37 años, patrullas militares del ejército de la base de Vilcashuamán ingresaron a Accomarca, actuando al margen de la ley, con crueldad y brutalidad, contra civiles. Fueron unos cuantos militares, no todos los militares. No todos son de esa calaña», explicó el primer ministro.

«Estamos honrando la memoria de las mujeres, hombres, niños y niñas que murieron un 14 de agosto de 1985 cuando la violencia y el horror enlutaron a más de 70 familias, quienes encuentran en medida de lo posible un poco de paz con la restitución de los restos de sus seres queridos», indicó Torres en la plaza de Accomarca frente a los ataúdes.

'El carnicero de los Andes'

«Uno no se puede confiar de una mujer, un anciano o un niño», dijo ante el Poder Judicial, el teniente Telmo Hurtado cuando fue interrogado y posteriormente condenado por dirigir la matanza de Accomarca. Es por esa razón que es conocido por el apelativo 'El carnicero de los Andes'. Tras la matanza, huyó a Estados Unidos, desde donde fue extraditado en el 2011.

El 14 de agosto de 1985, un grupo de militares dirigidos por el teniente Telmo Hurtado, fueron a Accomarca a acabar con un supuesto centro donde la banda terrorista Sendero Luminoso desarrollaba un centro de formación; en el primer día, dentro de una choza dieron muerte a sesenta y nueve personas, de los cuales veintiséis eran menores de edad. La menor de todas las víctimas era una bebé de 3 meses de edad. Luego arrojaron granadas para que no quedara huella del asesinato.

Al mes siguiente de la matanza, Telmo Hurtado ordenó que regresaran a matar a los posibles testigos y su equipo mató a siete personas más. Hasta fines del conflicto armado interno en el año 2000, mataron a tres personas; es por esa razón que se restituyeron 80 cuerpos, de los cuales se recuperaron solo 37 cuerpos completos. Los demás son osarios.

Juguetes sobre los ataúdes

La entrega de los cuerpos, la realizó el Ministerio Público entre los días 17 y 20 de mayo. De modo simbólico, los ataúdes de los menores de edad tenían juguetes encima para recordar que fueron víctimas de una matanza durante el conflicto armado interno donde los campesinos estuvieron entre dos fuegos.

El entierro se realizó en un improvisado cementerio que se ha construido donde funcionó la base militar de Accomarca.

La Secretaria General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador , dijo al ABC que «la petición de perdón del primer ministro Anibal Torres, si bien es una reparación simbólica no se traduce en darles dignidad y condiciones diferentes de vida en Accomarca, que sigue olvidada por el Estado».

«Fue una masacre sin nombre: se acabó con, entre comillas, la terrorista más joven de la historia humanidad, una bebé de 3 meses. El ejército asesinó a niños, mujeres embarazadas, y violaron a las mujeres. Hasta el día de hoy, las fuerzas armadas no piden disculpas por lo que pasó», explicó Dador.

«El Gobierno de Pedro Castillo no está comprometido con los derechos humanos porque estamos viendo que en cada una de las protestas o manifestaciones se producen muertes por el uso excesivo de la fuerza porque no se reconoce el derecho a la protesta. Tampoco se ha reparado a las víctimas con la celeridad necesaria», concluyó Dador.

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