El Gobierno italiano teme graves tensiones sociales por la crisis del coronavirus

El Gobierno italiano teme que la crisis del coronavirus produzca graves tensiones sociales. No solo inquieta la criminalidad organizada, sino que se ve un riesgo de que las organizaciones extremistas aprovechen la crisis económica para impulsar revueltas y actos de violencia. Por ello, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, envió a los delegados del Gobierno en todo el país una directiva para que pongan en práctica «una estrategia general con el fin de proteger la legalidad». «Las dificultades de las empresas y el mundo del trabajo -escribe la ministra Lamorgese- podrían ir acompañadas de graves tensiones; por un lado, puede darse el resurgir de tipos de delitos comunes y la aparición de brotes de expresión extremista ; por otro, está el riesgo de que las organizaciones criminales aprovechen la oportunidad que se les presenta ante las nuevas necesidades socioeconómicas». Hay que tener en cuenta que los pobres en Italia son más de nueve millones de personas, según el Instituto oficial de estadística (Istat), pobreza que con esta crisis se agudizará.

A los ojos de la ministra del Interior, la completa paralización de las actividades productivas, sobre todo en el mercado negro del trabajo, es una ocasión para una infiltración masiva de las mafias en el tejido de la economía y de la sociedad. Ante una crisis de liquidez, tanto las empresas como las familias pueden terminar siendo víctimas de la usura de la criminalidad organizada. A menudo, las mafias buscan con la usura hacerse con la propiedad de las empresas en dificultad para poder reciclar luego el dinero sucio del narcotráfico. De ahí que la ministra del Interior haya ordenado que la inteligencia italiana asista a los delegados del Gobierno en una altísima vigilancia para «contener manifestaciones de malestar que probablemente tengan repercusiones para el orden público y seguridad».

La criminalidad organizada, de pequeña y gran dimensión, parece ya en plena faena para aprovecharse de la crisis. Por eso, el ministerio del Interior ha dispuesto un comité de control para vigilar la infiltración de la mafia en las cadenas de suministros que en la actualidad sí pueden trabajar: agroalimentaria, farmacéutico-sanitaria, logística, empresas de limpieza, empresas de recogida de basuras y servicios funerarios. Al respecto, el jefe de la Policía, Franco Gabrielli, ha informado en los últimos días a la Interpol: «En los sectores donde no se requiere un nivel de especialización particularmente alto, los grupos criminales pueden ofrecer servicios a precios seguramente competitivos porque las empresas que controlan no cumplen con los requisitos reglamentarios en materia medioambiental, de seguridad social y seguridad laboral».

Como ocurre en los tiempos de guerra y de graves crisis, la especulación encuentra campo abonado. Los ejemplos son numerosos. Ayer en Roma la Policía descubrió algunas tiendas, que no podían estar abiertas, y vendían artículos no permitidos: en tres casos fueron denunciadas porque vendías mascarillas con incrementos en el precio del 500 % y gel desinfectante.