El Gobierno de Burundi lanza una feroz represión contra los opositores

La campaña policial «casa por casa», tras el fracaso de una asonada militar, recuerda a la Ruanda pre-genocidio

Policías en un barrio de Bujumbura donde se registraron protestas contra el presidente AFP

EDUARDO S. MOLANO

Eran las primeras horas del fin de semana y el cuerpo sin vida de Welly Nzitonda besaba ya el asfalto. Como si se tratara de un animal rabioso, Nzitonda, hijo del conocido activista pro derechos humanos Pierre-Claver Mbonimpa, era abandonado en las calles de Bujumbura, capital de Burundi. Poco antes, el joven había sido detenido en el distrito de Mutakura, uno de los más críticos con el presidente, Pierre Nkurunziza.

La muerte de Nzitonda se daba a conocer en los últimos coletazos del ultimátum de siete días lanzado por el Gobierno de Burundi el pasado 1 de noviembre para que los «criminales» (cualquier figura opositora) depusieran las armas. Entonces, Révérien Ndikuriyo, presidente del Senado, advirtió que la policía no tardaría en ir al «trabajo» y exigió a los jefes de distrito identificar «casa por casa» a aquellos «elementos que no estuvieran en orden». Como señalaba la organización International Crisis Group , el lenguaje era «escalofriantemente similar» al utilizado en Ruanda en la década de los 90 antes del genocidio.

Nzitonda era solo el inicio: el sábado, nueve personas eran tiroteadas en un bar de Bujumbura .

El propio presidente de Ruanda, Paul Kagame, vertía durante el fin de semana sonoras críticas a la crisis. «La gente está siendo asesinada todos los días, los cuerpos se encuentran en las calles. Los líderes están gastando tiempo matando», aseguraba. Mientras, al menos 200.000 burundeses (en un Estado de poco más de 10 millones de habitantes) han huido ya a los países vecinos .

La actual represión tiene su origen en abril, tras la decisión del actual presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, de presentarse como candidato por el partido gubernamental CNDD-FDD para un nuevo término, a pesar de haber cumplido ya dos periodos de cinco años que marcaba la Constitución . Una decisión que amenaza la estabilidad del país, tras doce años de guerra civil. Días después de confirmarse su candidatura, el 13 de mayo, el general Godefroid Niyombare, exjefe del servicio de inteligencia burundés, anunciaba la destitución del presidente.

A pesar de ello, el levantamiento no fue dirigido desde las fuerzas opositoras clásicas, sino desde sectores del Ejército disidentes con el Ejecutivo. Por ello, ante la falta de apoyo en las calles (que no en las mentes), el levantamiento apenas duró tres días y quedó finiquitado con la detención de 18 militares de alta graduación que participaron en la intentona golpista . Finalmente, el pasado 26 de julio, la Comisión Electoral del país africano confirmaría la reelección de Nkurunziza con el 69 por ciento de los votos.

Torturas a opositores

No obstante, aún contenida la asonada militar, los disturbios civiles han crecido en el país: al menos 200 personas han perdido la vida desde el comienzo de la crisis y los refugiados se cuentan por miles. Ejemplificadoras resultan las deserciones políticas, como la huida hacia Bélgica del segundo vicepresidente del país, Gervais Rufyikiri , así como del presidente del Parlamento, Pie Ntavohanyuma , quienes exigían a Nkurunziza renunciar a un tercer mandato.

En este sentido, recientemente, Amnistía Internacional documentaba las testimonios de víctimas de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad de Burundi desde el pasado mes de abril. En un informe, la organización denunciaba cómo las fuerzas de seguridad burundesas utilizaron técnicas como palizas con barras de hierro y el uso de ácido para producir quemaduras para obtener «confesiones» y silenciar a la disidencia.

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