La Fiscalía de España se opone a la libertad del exdirector de Pemex

Emilio Lozoya está pendiente de que se tramite la extradición instada por México en relación al caso Odebrech

Emilio Lozoya en un evento corporativo de PEMEX

Isabel Vega

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya espere en libertad a que se tramite la extradición instada por las autoridades mexicanas, que le reclaman en relación a una causa de corrupción vinculada con la constructora brasileña Odebrech y presuntos sobornos a funcionarios públicos.

Según informan en fuentes jurídicas a ABC, la defensa de Lozoya solicitó esta semana la puesta en libertad pero la posición de Fiscalía ha sido contraria, atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan y al elevado riesgo de fuga que presenta, pues manejaba documentación falsa.

Lozoya, considerado persona próxima al expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido el pasado 13 de febrero después de nueve meses de búsqueda. Se dio a la fuga en mayo de 2019, cuando la Fiscalía General de México presentó cargos contra él por delitos de cohecho, blanqueo y defraudación fiscal en el contexto de la adquisición a Altos Hornos (AHMSA) de una planta petroquímica en la que, presuntamente, medió un importante sobreprecio.

Fue localizado finalmente por la Policía Nacional en las inmediaciones de la urbanización de lujo de Benahavís (Marbella) en la que se supone se había estado ocultando de las autoridades. Tras pasar a disposición del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, fue enviado a prisión provisional, donde aún se encuentra, en espera del trámite de extradición, una entrega a la que se opone.

Según investigaciones preliminares, Pemex pagó 475 millones de dólares (424 millones de euros) por este complejo petroquímico que lleva dos décadas sin operar y que la paraestatal mexicana no ha logrado poner en marcha.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda detectó una serie de transferencias financieras relacionadas con la compra y que estarían asociadas a Lozoya. Entre esas transferencias se encuentra un pago de 3,6 millones de dólares que, según la UIF, AMHSA realizó mediante una subsidiaria de Odebrecht a una empresa fantasma ubicada en Suiza que supuestamente tenía relación con Lozoya, tal y como publicaron los medios locales.

 

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