Estas son las medidas de Macron para luchar contra el islamismo radical

El proyecto de ley que impulsa el presidente francés incluye nuevos delitos por amenazar la vida a través de la propagación del odio y castiga con más severidad comportamientos familiares, en la escuela, las asociaciones y la vida pública

Homenaje al profesor asesinado en octubre en los alrededores de París, Samuel Paty EP | Vídeo: AFP

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El proyecto de ley concebido para combatir en Francia la gangrena islamista se ha transformado en proyecto de ley para reforzar los principios republicanos, tipificando nuevos delitos por amenazar la vida de terceros a través de la propagación del odio y castigando con más severidad los comportamientos familiares, en la escuela, las asociaciones y la vida pública.

La experiencia trágica de los atentados yihadistas de septiembre y octubre ha acelerado la revisión y redacción final del proyecto, al descubrirse que Francia y Europa están siendo víctimas de «nuevas» formas de criminalidad islamista.

El atentado del 25 de septiembre pasado, en París, hiriendo gravemente, al arma blanca, a un hombre y una mujer, víctimas de un fanático paquistaní, confirmó la llegada a Europa de «nuevas generaciones» de «inmigrantes» fanatizados, cuyo control reclama más cooperación europea y más controles nacionales. La nueva ley permitirá perseguir a las «asociaciones» de carácter «religioso o filantrópico» donde reciben apoyo y cobertura para fanáticos de muy diversa procedencia.

La decapitación de un profesor de geografía e historia, Samuel Paty , el 16 de octubre pasado, es la ensangrentada matriz de una modificación del código penal, tipificando y castigando delitos de nuevo cuño, como las amenazas contra la vida de terceros, «a través de la difusión de informaciones relativas a la vida profesional de una persona, permitiendo su localización y la de su familia, amenazados en su integridad física o psíquica».

El atentado consumado en la catedral de Notre Dame de Niza, el 29 de octubre pasado, que se cobró tres vidas inocentes, víctimas de un fanático «inmigrante», recién llegado de Túnez, a través de Italia, confirma la urgente necesidad de legislar contra las «células familiares», instaladas en Francia, en complicidad con otras «células extranjeras».

Esos baños de sangre, en apenas cuatro semanas, cambiaron la naturaleza del proyecto de ley original, dándole una dimensión menos «cultural», para tratar un cáncer o gangrena religiosa que tiene muchos otros frentes.

Estas son las cinco principales medidas que contiene:

  • Definición de nuevo delito: poner en peligro la vida de terceros... «a través de la difusión de informaciones relativas a la vida profesional de una persona, permitiendo su localización y la de su familia, amenazados en su integridad física o psíquica».

  • Castigar la intimidación ejercida por motivos religiosos… cubriendo nuevas formas de «presión» física y sicológica, en escuelas, hospitales, para proteger a maestros, médicos, incluso funcionarios víctimas del «activismo» de familias e individuos que pretender «defender» la primacía de sus creencias, contra la Ley.

  • Normas mucho más estrictas y coercitivas contra padres y familias que no desean llevar a sus hijos a la escuela pública... Sustituida por escuelas «privadas», donde se «enseñan» valores religiosos contrarios a las leyes del Estado.

  • Protección de las familias contra las tradiciones religiosas o tribales ajenas a las leyes del Estado… para combatir las discriminaciones contra las mujeres u otras minorías víctimas del fanatismo religioso, en materia de «costumbres» (matrimonios forzados, «certificados de virginidad»).

  • Represión más firme contra asociaciones «culturales» y «filantrópicas»... que se sirven de una cobertura legal para difundir muy diversas formas de fanatismo islamista, incluso recibiendo subvenciones estatales, nacionales o extranjeras, que deberán estar sometidas a controles contables, judiciales y policiales permanentes.

Éric Dupond-Moretti , ministro de Justicia, y Gérald Darmanin , ministro del Interior, han trasladado el proyecto de ley al Consejo de Estado y los presidentes de la Asamblea Nacional (AN) y el Senado, para poder iniciar su discusión parlamentaria a partir del 9 de diciembre.

El Consejo de Estado deberá examinar, aprobar, rechazar o matizar la redacción del proyecto de ley. Los presidentes de las dos cámaras del Parlamento francés deberán preparar unos debates llamados a culminar con una evolución mayor de la legislación nacional destinada a combatir la gangrena islamista, desde una óptica menos «idealista» que las primeras versiones del proyecto.

El «separatismo cultural»

Fue Emmanuel Macron quien comenzó a denunciar el «separatismo cultural», el «separatismo religioso», a finales de 2019 y principios de este año. La sucesión de crímenes yihadistas, entre septiembre y octubre pasado, aconsejó un cambio importante de la terminología política y jurídica. El «separatismo religioso» comenzó a ser definido como «separatismo integrista» o «separatismo yihadista».

La redacción final del proyecto de ley original abandona definitivamente el calificativo «separatismo». Los legisladores han preferido reafirmar la matriz institucional de la Nación : Ley para reforzar los principios republicanos.

A través de 57 artículos, se trata de un «escudo» político, jurídico y policial contra el islam político.

Emmanuel Macron, durante un acto en el Elíseo esta semana AFP

El proyecto de Ley comienza por definir y tipificar nuevos delitos: «Amenazar la vida de terceros a través de la difusión de informaciones sobre la vida privada y profesional que pudieran amenazar la vida de personas y familias». «Intimidación de terceros por motivos religiosos». «Propagación de incitaciones al odio».

Tipificados los nuevos delitos, la futura ley creará un nuevo marco de persecución judicial contra asociaciones de carácter «cultural», «filantrópico» o religioso, persiguiendo y castigando a sus dirigentes y afiliados «que no respeten los valores del Estado, la República».

La defensa de la escuela, pública, privada o concertada, estará cubierta con nuevos resortes jurídicos y policiales, con el fin de perseguir y castigar a los padres que no llevan a sus hijos a la escuela y a los «directores» de «escuelas privadas» (clandestinas, las más de las veces) consagradas a la propagación de doctrinas incompatibles con el respeto de las instituciones.

En su homenaje al profesor decapitado en Conflans-Sainte-Honorine, Macron llegó a afirmar que la cultura, la enseñanza, terminarían venciendo a la gangrena islamista. Esa victoria comienza por una defensa jurídica y policial de la escuela, matriz de la formación de ciudadanos libres.

Antes incluso que la escuela, la familia es el núcleo esencial de la formación cívica. La nueva Ley deberá proteger la institución familiar contra las «amenazas» y «asaltos» del «comunitarismo» y la gangrena multicultural que considera las «leyes» de su religión (musulmana) superiores a las leyes del Estado. Se proyecta perseguir y castigar a padres y familias convencidos de tal «superioridad». Se luchará contra las discriminaciones sexuales, culturales y familiares, en el seno de «cualquier religión». En Francia, la única religión que es fuente inagotable de tales problemas es la religión musulmana.

Minuto de silencio por Samuel Paty en una escuela de Francia AFP

La nueva Ley permitirá combatir las «leyes» y «costumbres» multiculturales (musulmanas) en nombre de los principios cardinales de la libertad, contra muy diversas formas de opresión: condición femenina, matrimonios amañados, «certificados de virginidad», entre uno rosario de «normas» religiosas incompatibles con la legalidad vigente.

Durante los dos últimos años, las fuerzas de seguridad del Estado han cerrado 380 «lugares de culto», sospechosos de « propagación del radicalismo islamista ». Desde finales de septiembre se ha procedido a millares de controles. La futura ley ha sido concebida para «rearmar» al Estado contra la gangrena del islam político, en la vidriosa frontera del yihadismo subversivo. Asamblea Nacional y Senado discutirán y matizarán el proyecto a lo largo del mes de diciembre, con la esperanza de una entrada en vigor rápida, a primeros o mediados de 2021.

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