EE.UU. revoca el estatus especial de Hong Kong
Londres califica el paso de «grave» y acelerará la vía de los pasaportes
La Administración Trump ha redoblado sus presiones contra China por la ley de seguridad que la potencia rival ha impuesto en Hong Kong. La nueva respuesta de Washington ha sido determinar restricciones a ciertas exportaciones estadounidenses en Hong Kong relacionadas con equipamiento de defensa y productos de alta tecnología.
«No nos da ningún placer tomar esta decisión», aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo. «Pero dado que Pekín trata a Hong Kong como “un país, un sistema”, nosotros debemos hacer lo mismo», dijo en referencia a «un país, dos sistemas», el marco en el que se formalizó la anexión de Hong Kong a finales de siglo pasado y que establece el respeto del sistema legal, legislativo y económico de la antigua colonia británica.
Muchas de estas medidas ya se anticiparon a finales del mes pasado . Cuando China inició el proceso de aprobación de la ley de seguridad, Pompeo advirtió que el Gobierno de EE.UU. ya no consideraba a Hong Kong como un territorio con esa autonomía, con lo que abría la puerta a eliminar los privilegios respecto a China en sus relaciones económicas y diplomáticas.
Las restricciones a la importación se producen después de que la semana pasada, la Administración Trump anunciara que acabaría con el tratado de extradición que le une a Hong Kong. También aseguró que cancelaría visados a estudiantes de máster e investigadores chinos relacionados con el ejército comunista y amenazó con sanciones a autoridades del Gobierno de China y a entidades financieras relacionadas con la formulación de la polémica ley.
La medida sobre importación extiende a Hong Kong las limitaciones para recibir productos de alta tecnología que EE.UU. prohíbe a sus empresas que vendan a rivales como China o Rusia por considerarlo un riesgo para la seguridad nacional. La decisión podría afectar a compañías que han elegido Hong Kong, la principal plaza financiera de Asia, para centrar su negocio en el continente.
El Departamento de Estado también anunció que se pondría fin a las exportaciones de equipamiento militar a Hong Kong.
China ha respondido con amenazas de restringir la concesión de visados a ciudadanos estadounidenses, lo que Pompeo calificó como una negativa de Pekín a «aceptar su responsabilidad por sus propias decisiones». «Si China quiere recuperar la confianza de los ciudadanos de Hong Kong y de la comunidad internacional, deber respetar sus promesas», dijo sobre el acuerdo de autonomía del territorio.
Obtención de nacionalidad
El ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, reaccionó a la aprobación por parte del régimen chino de la Ley de Seguridad Nacional que impondrá a Hong Kong, considerando que «a pesar de las peticiones de la comunidad internacional, Pekín ha optado por imponer esta legislación. Este es un paso grave, y profundamente preocupante ».
«Necesitamos urgentemente ver la legislación completa para determinar si ha habido una violación de la Declaración Conjunta y qué medidas adicionales tomará el Reino Unido», continuó Raab, quien ya anunció hace unas semanas la intención del gobierno de ampliar los derechos de los hongkoneses que tienen el llamado pasaporte británico de ultramar para que puedan residir y trabajar en el país si deciden salir de Hong Kong por miedo a las consecuencias de la ley.
Actualmente, los titulares de estos pasaportes especiales, denominados BNO, siglas en inglés de British National Overseas, solo tienen derecho a permanecer en Reino Unido durante seis meses. Pero según Raab, que pidió en varias ocasiones a China que diera marcha atrás en sus intenciones, «si China continúa por este camino e implementa la legislación, eliminaremos ese límite de seis meses y permitiremos que los titulares de pasaportes BNO vengan al Reino Unido y puedan solicitar trabajar y estudiar por períodos extensibles de 12 meses», y añadió que estos permisos podrían suponer, a su vez, una vía para la futura obtención de la nacionalidad.
Reino Unido, que devolvió la excolonia a China en 1997, es uno de los países que ha expresado su preocupación sobre las consecuencias de la nueva ley, junto a otros como Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea.
