Crece la tensión entre Polonia y la República Checa por el cierre de una mina de carbón
Los gobiernos de ambos países buscan un difícil acuerdo después de que una sentencia de la Justicia europea 0bligue a suspender la extracción en la explotación polaca a instancias de Praga
Centenares de manifestantes protestaban ayer miércoles frente a la Casa de Europa en Breslavia (Polonia) y varios autobuses se preparan para viajar desde Baja Silesia a Bruselas y Luxemburgo con el fin de trasladar la protesta ante las autoridades comunitarias, después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya dictado una sentencia según la cual la mina de Turów, situada en esa provincia polaca, debe suspender la extracción de carbón . Las instalaciones funcionan desde 1904, cuando la región pertenecía al Segundo Reich alemán, aunque el lignito ya se extraía en la zona desde mediados del siglo XVII.
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El tajo abierto actualmente emite 9,9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. En Polonia , solo las centrales eléctricas de Bełchatów y Kozienice superan ese nivel de emisiones. Pero el Tribunal de Justicia de la UE no actúa de oficio, sino en respuesta a una demanda de la República Checa , que asegura que la mina resta agua potable a su territorio, contamina el aire y los acuíferos subterráneos, pone en peligro la seguridad del terreno con hundimientos, así como que su actividad está siendo prolongada de espaldas a la normativa europea. A pesar de estas quejas, un portavoz del Gobierno polaco advirtió de que Varsovia «no implementará la sentencia», que a su juicio tiene «un tufillo colonial inaceptable».
Impacto ambiental
La mina de Turów produce el 7% de la energía que consume Polonia y pertenece a Polska Grupa Energetyczna, la mayor empresa energética polaca. La planta minera está operando actualmente sobre la base de una licencia de seis años otorgada en marzo de 2020 por el ministro de Clima, Michał Kurtyka , concedida a pesar de las serias objeciones de los vecinos checos y de varias organizaciones no gubernamentales. Praga acusa al Gobierno polaco de no haber realizado consulta pública ni una evaluación de impacto ambiental adecuada. Además, la empresa estatal PGE quiere ampliar el tajo abierto de lignito y extender la concesión minera hasta 2044.
La solicitud de una decisión medioambiental para la inversión ya ha sido valorada positivamente por el director regional de protección medioambiental de Breslavia (Wroclaw en polaco), aunque se ha presentado un recurso de apelación contra su decisión. El gobierno de Varsovia asegura que todavía es capaz de lograr un acuerdo y negocia bajo una gran presión con el gobierno de Praga.
Radoslaw Fogiel , vicesecretario general de Ley y Justicia (PiS), el partido conservador que gobierna Polonia y que durante los últimos años ha sido una piedra en el zapato para las autoridades comunitarias, ha declarado a la emisora Radio Wroclaw que hay un equipo del gobierno en negociaciones, «prácticamente sin descanso», con la parte checa para resolver el conflicto y que existe ya «un acuerdo marco que será la base para un entendimiento definitivo con respecto a la mina en Turów » por medio del cual la República Checa retirará su solicitud del cierre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«Sigue vigente que Polonia debe respetar el veredicto del tribunal y no acatarlo puede acarrear sanciones»
«Estamos muy cerca de un acuerdo», adelantó el martes el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. El primer ministro checo, Andrej Babis , dice sin embargo que no hay ningún acuerdo y que su país mantenía la petición de cierre. «Sigue vigente que Polonia debe respetar el veredicto del tribunal, y no acatar esto puede acarrear sanciones », ha declarado la portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Petra Roubícková.
En el conflicto se cruzan, además, varios intereses electorales. «Entiendo el contexto político de esta disputa. Creo que todos los que la están siguiendo saben que ha tomado fuerza por el hecho de que este año hay elecciones parlamentarias en la República Checa en octubre», ha reprochado Morawiecki, que por su parte acaba de ser designado como sucesor al frente del PiS por parte de su histórico líder, Jarosław Kaczyński , y está sometido a gran presión para demostrar su capacidad de liderazgo fuerte.
Un caso sin precedentes
El caso iniciado por la República Checa no tiene precedentes pues es la primera vez que un Estado miembro de la UE demanda a otro por un caso relativo al medio ambiente. Praga denunció en febrero a Polonia por considerar que infringió el derecho comunitario al no presentar los dictámenes medioambientales preceptivos cuando aprobó la ampliación de la mina, que podría llegar a 300 metros de la población checa más cercana, y prolongar la extracción de carbón hasta 2044 en la mina, que tiene actualmente una extensión de 28 kilómetros cuadrados y 225 metros de profundidad.
«Nuestros expertos preparan ahora la propuesta de acuerdo intergubernamental entre la República Checa y Polonia, que será materia de negociación, y ambas partes han confirmado que intentarán encontrar una solución cuanto antes», ha adelantado Roubícková.
El líder del sindicato Solidaridad de la Baja Silesia, Kazimierz Klimso , ha advertido de que intentará «impedir un segundo Walbrzych», en referencia a otra mina de carbón polaca que fue clausurada hace años y es hoy un museo. Polonia extrae del carbón aproximadamente el 72 % de la energía que consume y a pesar de los planes del gobierno para iniciar una transición hacia fuentes energéticas limpias, este sector representa actualmente menos del 12% del total.
El Grupo energético de titularidad estatal PGE, propietario de Turów, es una de las mayores compañías de Polonia, suministra el 41 % de la producción eléctrica del país y cotiza en la Bolsa de Varsovia desde 2009.
