Condenados 23 activistas saharauis por el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik

La Sala Penal del Tribunal de Apelación de Salé, en Marruecos, ha condenado en la madrugada de este miércoles a penas que van de entre 2 años de cárcel a cadena perpetua a los 23 activistas saharauis imputados en relación con la muerte de once miembros de las fuerzas de seguridad durante el violento desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik , cerca de El Aaiún, en noviembre de 2010.

Según ha informado la agencia oficial marroquí MAP, ocho de los imputados han sido condenados a cadena perpetua, mientras que otros tres han recibido penas de 30 años de cárcel y cinco más de 25 años. Asimismo, tres han sido condenados a 20 años, otro a seis años y medio, otro más a cuatro años y otros dos a dos años de cárcel.

Asimismo, el tribunal ha decidido la transferencia de los fondos incautados a los acusados al Estado y la destrucción de los otros bienes incautados, además de condenar a la parte civil en el proceso a pagar las costas del juicio.

En febrero de 2013, el tribunal militar de Rabat había condenado a penas de entre 20 años y cadena perpetua a los imputados, a quienes se acusaba de «constitución de bandas criminales y violencia contra las fuerzas del orden que conllevó su muerte con premeditación, mutilación de cadáveres y complicidad» .

En su sentencia de este miércoles, el tribunal de Salé ha decidido abandonar los cargos contra algunos de los acusados por «constitución de banda criminal» y procesarles solo, como al resto, por «violencia contra las fuerzas públicas durante el cumplimiento de su función que conllevó heridas».

Human Rights Watch (HWR) y Amnistía Internacional (AI) habían emplazado este lunes a las autoridades judiciales marroquíes a asegurar que las condenas en este proceso no se dictan según confesiones o declaraciones que impliquen a otros demandados y se hayan obtenido mediante la tortura u otros malos tratos policiales durante los interrogatorios.

El veredicto de este miércoles culmina así un proceso que se abrió en diciembre de 2016 , después de que el Tribunal de Casación de Rabat ordenara que se llevara a cabo un procedimiento civil tras la aprobación de una ley que prohíbe que se juzgue a civiles en tribunales militares.

HRW y Amnistía han denunciado que los acusados sufrieron fuertes palizas y fueron suspendidos por las muñecas y las rodillas, además de sufrir amputaciones de las uñas y violaciones con objetos.