La Comisión europea «analizará» la polémica decisión de Orbán
El primer ministro húngaro ha escogido un momento en el que la UE tiene demasiados frentes abiertos
Victor Orbán no ha elegido por casualidad este momento para dar este zarpazo definitivo a la institucionalidad del país. En estas circunstancias en las que coinciden la emergencia de la epidemia, la amenaza de una nueva crisis migratoria y los flecos del Brexit es muy difícil para las instituciones europeas entrar en un frente que lleva años abierto y que ahora podría empeorar todos esos escenarios. Por ello, la Comisión Europea se limitó ayer a decir que está evaluando las implicaciones posibles en materia de respeto al estado de derecho de la nueva legislación aprobada ayer por el Parlamento húngaro y que podría convertir al primer ministro Orbán en lo más parecido a un dictador dentro de la Unión Europea porque le permite gobernar por decreto por tiempo indefinido y silenciar cualquier crítica, con el pretexto de la lucha contra la epidemia del coronavirus.
El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, comunicó a través de las redes sociales que está estudiando «las medidas de urgencias que han tomado los Estados miembros respecto a los derechos fundamentales» entre las que no pudo dejar de mencionar la legislación específica aprobada en Budapest . «Es destacadamente el caso de la ley votada en Hungría en relación al estado de urgencia y a las nuevas sanciones penales por la difusión de noticias falsas».
Hungría ya estaba sometida a una investigación formal por parte de la Unión Europea porque existían claras objeciones ante el comportamiento de Orbán. Su partido, el nacionalista Fidesz, ha sido suspendido de militancia dentro del grupo popular, lo que ha provocado a su vez un grave desgarro político dentro del grupo, que no solo teme perder los numerosos eurodiputados que tiene sino que estos puedan ir a engrosar las filas de los nacional populistas que están en la órbita claramente antieuropea.
A pesar de que la comisión de Libertades del Parlamento Europeo ya ha instado al ejecutivo comunitario a que examione si esta decisión de Orbán supone una violación de la legislación europea, por ahora, la Comisión no ha ido más allá de esta mención y en todo caso Reynders no especificó en su mensaje en Twitter cuales serán los pasos que piensa seguir en este asunto.
Según los tratados europeos, la violación de los valores esenciales de la legislación europea puede tener como consecuencia la pérdida del derecho a voto de este país en el Consejo Europeo y la retirada de una parte de los fondos estructurales y de cohesión. Desde 2018 Bruselas lucha por embridar en cierto modo el ímpetu de Orban, pero sin éxito.
La Comisión también ha abierto un procedimiento contra Polonia por los intentos de su gobierno nacionalista de dominar a los jueces a través de decisiones arbitrarias y el resultado ha sido el mismo que en el caso de Hungría, por ahora ninguno.
Un vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans, ha dedicado prácticamente una legislatura a tratar de convencer a estos dos países de que han de someterse a las reglas, pero no ha logrado doblegar la contumacia de los dos gobiernos, que además forman parte del llamado «grupo de Visegrado» junto a la República Checa y Eslovaquia. Todos ellos se negaron a cumplir también la decisión de acoger a refigiados de guerra procedentes de Grecia.
Este último paso de Orbán puede ser simplemente transutorio y provisional, con lo que pasaría sin problemas con Bruselas, pero también puede estar siendo utilizado como una prueba por parte del primer ministro húngaro para evaluar hasta qué punto puede tensar la cuerda con la Unión antes de que se rompa. En tiempos de la presidencia de Jean-Claude Juncker, este recibió a Orbán en una cumbre llamándole «dictator», como una broma. Viendo lo que ha pasado, se diría que el húngaro no estaba de broma.
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