Prensa y justicia según Garzón

Mientras buena parte de España se retorcía de la impotencia por la designación como fiscal general de Dolores Delgado, en Sudamérica el terremoto lo provocaba Baltasar Garzón. El exjuez, amigo o compañero de Lola, como se conoce a la aplaudidora de Villarejo por fichar mujeres para ejercer la prostitución, con el fin de extorsionar a políticos y empresarios, se erigió en verdugo supremo de magistrados y colegas de Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, en lo que han bautizado como Tribunal de Acción Común (TAC).

El patíbulo de periodistas, fiscales y de aquellos jueces que juzgan o intentan juzgar, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales, lo preside Eduardo Barcesat, ex profesor de la pseudouniversidad Popular de Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini, la misma que organizó en la década «K», los simulacros de juicios/linchamientos contra periodistas.

La creación del TAC, una instancia al margen de la ley de los países mencionados, -y de cualquier otro-, la justifican para combatir el «law fare», expresión que en España frecuenta el separatismo para vender al mundo que sus condenados lo son fruto de un acoso judicial por razones políticas y no por los delitos cometidos. El falso tribunal que juzgará la conducta de la justicia verdadera y de la prensa sudamericana, ha instalado su sede en Madrid y anuncia que tendrá sentencia en el mes de noviembre. Antes, tranquiliza Barcesat, «daremos la oportunidad a los jueces como Bonadío (Claudio) y Moro (Sergio) para que brinden su postura» (sic).

Daniel Santoro, uno de los periodistas en el objetivo del TAC, recordó, «Pinochet usó el mismo término lawfare cuando Baltasar Garzón lo detuvo en Londres». Ricardo Gil Lavedra, exmagistrado del juicio a las Juntas Militares argentinas, calificó la iniciativa de «desopilante». A la exministra Patricia Bullrich, el chiste no le hizo mucha gracia y apuntó: «La impunidad que CFK no consigue en su país va a buscarla al otro lado del Atlántico».

Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidente de Argentina, fue la primera en utilizar el recurso del «law fare» para defenderse de la colección de procesamientos, por corrupta, que la mantienen fuera de la cárcel gracias a la impunidad que le dan los fueros. Barcesat, con honestidad brutal, reconoce en La Nación: «Ya sé que no somos neutrales, la pregunta sería respecto de qué bando no lo somos». (SIC)