Canadá declara el estado de emergencia en la provincia de Ontario por las protestas antivacunas
Las manifestaciones empezaron contra la obligatoriedad de la vacuna para algunos sectores de la población
Ontario, la provincia de Canadá que sufre las principales protestas contra la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 para algunos sectores de la población y actividades, ha declarado este viernes el estado de emergencia ante la persistencia y la virulencia de las manifestaciones.
Las protestas, iniciadas por camioneros afectados por la obligatoriedad de estar vacunado para entrar y salir del país, han bloqueado el centro de la capital de Canadá, Ottawa, durante casi dos semanas y han cortado el tráfico a varios pasos fronterizos. Entre ellos, el puente Ambassador, que une a la ciudad estadounidense de Detroit y a la canadiense de Windsor, y que es la principal ruta comercial entre ambos países.
Tanto Ottawa como Windsor están en Ontario, que es el principal motor económico de Canadá y que acoge a su principal ciudad, Toronto, y a su región industrial más poderosa. Parte de la actividad económica en la región -y también en la zona industrial vecina en el lado estadounidense, que acoge buena parte del sector de la automoción- se ha visto afectada por los cortes en el puente Ambassador , por el que un 30% del flujo comercial terrestre entre ambos países y que recorren 300 millones de dólares de suministros y bienes cada día.
Otros pasos fronterizos también han sufrido cortes y se espera que las protestas arrecien este fin de semana.
El ‘premier’ de la provincia, Doug Ford, anunció el estado de emergencia y avanzó que reuniría a su Gobierno para «aprobar ordenanzas de forma urgente que dejarán claro que es ilegal y sancionable bloquear o impedir el movimiento de bienes, personas y servicios en infraestructuras críticas».
Ford, al que algunos sectores de la población han criticado su pasividad ante los incidentes, detalló que las sanciones serán «severas», con m u ltas máximas de cien mil dólares canadienses (unos 70.000 euros) y penas de prisión de hasta un año. También se podrá retirar la licencia comercial a quienes no cumplan con las órdenes.
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