La guerra sucia de Duterte al narco riega Filipinas de cadáveres
El mandatario, quien asumiera el cargo el pasado 30 de junio, aboga por la política de «disparar a matar» contra los delincuentes. La policía estima en 1.900 los sospechosos muertos desde que llegó al poder
Durante su periplo como alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte fue conocido como «El Castigador» . El apelativo tiene su origen en los sangrantes lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que a finales de los 90 sumergieron a la ciudad en el terror. Ciertamente, el epíteto dejaba poco lugar a la imaginación.
Sin embargo, en solo siete semanas, la sangrienta campaña anti-drogas lanzada por Duterte, que asumió la Presidencia de Filipinas el pasado 30 de junio, comienza a quedarse corta de apodos.
Este martes, Ronald de la Rosa, máxima autoridad policial del país, reconocía que desde la llegada de la Administración Duterte, al menos 1.900 personas han muerto durante la represión contra el narcotráfico.
En una comparecencia en el Senado, el jefe de Policía aseveró que las fuerzas de seguridad habían acabado con la vida de cerca de 750 personas debido a la resistencia de las víctimas a ser detenidas . Mientras, el resto de muertes «están siendo investigadas». Sus declaraciones se producen tan solo dos días después de que Duterte amenazara con abandonar las Naciones Unidas ante las críticas vertidas desde la organización a su política de «disparar a matar».
«Tal vez tengamos que decidir separarnos de las Naciones Unidas. Si eres un irrespetuoso hijo de puta (sic), entonces yo me voy», aseguró Duterte el pasado domingo en rueda de prensa.
En contrapartida, el mandatario apela por la creación de su propio organismo. «Invitaría a todo el mundo. Invitaría quizá a China, a los países africanos...», destacó.
Con anterioridad, expertos de la ONU habían instado al Gobierno de Manila a detener las ejecuciones y asesinatos extrajudiciales intensificados desde la llegada al poder de Duterte.
«En efecto, es una licencia para matar» , aseguraba entonces Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, subrayando que «las directivas de esta naturaleza son irresponsables en el extremo y la incitación a la violencia y el asesinato, un crimen de derecho internacional».
Ante el endurecimiento de la verborrea, el ministro de Asuntos Exteriores filipino, Perfecto Yasay, salía este lunes al paso de las declaraciones del presidente y aseguraba que su país no abandonará las Naciones Unidas y que solo se trataba de «una declaración expresando su profunda decepción y frustración».
«Estamos comprometidos con la ONU a pesar de nuestras numerosas frustraciones con este organismo internacional», añadió Yasay.
Ya a comienzos de mes, en un nuevo golpe de autoridad, «el Castigador» había hecho pública una lista de más de 150 jueces, políticos, policías y militares presuntamente implicados en el tráfico de drogas. La difusión fue criticada por la presidenta de la Corte Suprema, María Lourdes Sereno. Sobre todo, ante los errores de bulto (uno de los mencionados en la lista, el juez Roberto Navidad, fue asesinado hace ocho años).
En busca de la pena de muerte
Convertida en una de sus principales promesas de campaña, Duterte aboga por un plan de recompensas para acabar con los señores de la droga, así como por el regreso de la pena de muerte.
«Si te resistes y muestras resistencia violenta, mi orden a la Policía será disparar a matar. Disparar a matar contra el crimen organizado . ¿Habéis oído esto? Disparar a matar contra el crimen organizado», proclamó tras conocer su victoria.
«Voy a pedir al Congreso la vuelta de las ejecuciones por ahorcamiento», anunciaba el dirigente en rueda de prensa en su confirmación como mandatario, con su intención de reintroducir la pena capital en el país asiático (abolida en 2006).
El análisis socioeconómico de los afectados en el pasado por la pena capital, no obstante, también arroja serias dudas. Por ejemplo, el 73% de los 1.121 presos en el corredor de la muerte en Filipinas hasta su abolición en 2006 contaba con unos ingresos inferiores a los 10.000 pesos (cerca de 192 euros) mensuales .
Vale la pena recordar la jurisprudencia sentada en el histórico caso del preso Efren Mateo, donde el Tribunal Supremo reveló en 2004 que el 71% de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales de primera instancia se impusieron injustamente.
