El asesinato de una mujer por un soldado aumenta la tensión social en Colombia
Sucede el día en el que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le pide al Gobierno revisar los protocolos del uso de la fuerza en las protestas y manifestaciones públicas
Todos tratan de explicar qué es lo que está sucediendo en Colombia, pero aún sigue siendo inexplicable. Tan inexplicable como lo que sucedió el jueves en la mañana cuando una pareja y dos acompañantes viajaban por una zona del departamento del Cauca, en la vía que va de Miranda a Corinto, con el fin de comprar repuestos para un automóvil. En la zona de Guatemala, un grupo de soldados sale de entre la maleza, uno de ellos dispara su fusil y mata a Juliana Giraldo, de 38 años.
El país se entera pues su compañero Francisco Larrañaga, móvil en mano y grabando para dejar constancia y pedir ayuda, grita desesperado que alguien haga algo pues un soldado disparó y mató a su mujer . En la imagen se ve un grupo de ellos, señala a quien la mató, un compañero de armas se interpone; otro acompañante se baja del auto y cuenta lo que sucede cuando llegan los periodistas y las autoridades; muestra que una bala le pasó rozando y le quemó la piel. El hecho se riega como pólvora y promete encender nuevamente el ambiente tenso que se vive en el país.
Veinticuatro horas después ya hay tres versiones diferentes sobre lo que sucedió y un solo hecho, verdadero: las fuerzas armadas colombianas tienen un problema en la capacidad de valorar y reaccionar frente a diversos hechos, o una seria dificultad para calibrar la realidad y actuar en concordancia, ante todo protegiendo la vida de los ciudadanos.
Todo esto sucede justamente el día en el que los colombianos, atentos a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ante una tutela interpuesta en abril de este año por los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones del paro nacional de noviembre de 2019, le pide al Gobierno suspender el uso de las escopetas calibre 12 por la cual entonces murió el estudiante Dilan Cruz y revisar los protocolos del uso de la fuerza en las marchas de protesta. Pero, además, que pida perdón públicamente, para lo cual le da 48 horas, que se cumplían el jueves.
Sin embargo, el Gobierno del presidente Iván Duque –él mismo en declaraciones a medios– cuestiona la sentencia y el mismo miércoles anuncia que pedirá la revisión a la Corte Constitucional bajo el argumento de que dos de los magistrados de la Suprema se abstuvieron y eso le permite suspender el cumplimiento de lo ordenado mientras la Corte Constitucional revisa el fallo.
Y empieza nuevamente la batalla política y jurídica: el gobierno a sacarle el cuerpo al fallo, en realidad a pedir perdón por los sucesos de noviembre pues las calibre 12 están suspendidas, y sus contradictores, juristas y diversas fuerzas políticas a exigirle que cumpla. El procurador aclara que no pedir perdón será desacato, con sus consecuencias judiciales, además de enviar el mensaje de que el Ejecutivo no cumple la ley o decide a su gusto qué sentencias considera válidas y cuáles desacata.
Las disculpas
Los colombianos una vez más quedan en pie de sentencia, agotados y temerosos con tantos casos de excesos de las fuerzas armadas y respuestas tan sorprendentes como la del ministro Trujillo, quien para no caer en desacato el jueves, en medio del escándalo por la muerte de Juliana, salió públicamente y dijo, palabras más o menos, que las disculpas pedidas unas semanas antes por los sucesos del 9 y 10 de septiembre en el que murieron 13 personas , además de Javier Ordóñez –cuyo asesinato desató las protestas, el vandalismo y las acciones sin control de la policía- valen para el caso de noviembre de 2019, como si fuera un formato general o cheque en blanco de disculpas por los excesos o cualquier violación a los derechos humanos por parte de la policía, el ejército o la rama de fuerza pública que sea.
Los partidos políticos alineados con el gobierno dieron por cumplido el fallo de la Corte con ese argumento de Trujillo, mientras respetados juristas y exmagistrados, expertos en derechos humanos, académicos y fuerzas políticas contrarias argumentaron que le sacó el cuerpo y no cumplió específicamente lo que dicta la sentencia.
En medio, la crisis y pregunta que no se resuelve: ¿qué va a hacer el ministerio de Defensa para revisar a fondo y pronto los protocolos, entrenamientos lineamientos de la fuerza pública? ¿Cómo garantiza a los colombianos que se prestan a marchar en nuevas protestas, que la policía o los escuadrones antidisturbios no causarán nuevas muertes y cuidarán los derechos constitucionales y humanos? ¿El presidente Iván Duque, ante los repetidos casos, debería sacar al ministro, desgastado y cuestionado, antes del debate de control político que tiene el próximo 29 de septiembre en el Congreso? ¿Por qué tanta dificultad para aceptar la revisión a las fuerzas de seguridad?
Mientras tanto, los familiares del soldado involucrado en la muerte de Juliana y la familia de ella se reunieron en un acto de perdón y solidaridad. Otros, en cambio, prefirieron echarle más leña al fuego . El expresidente Uribe, desde su detención domiciliaria, trinó que el caso es culpa del expresidente Juan Manuel Santos pues durante su mandato las fuerzas armadas perdieron la moral y así la «inseguridad psicológica en muchos soldados y policías conduce a errores fatales». Por su parte, y para desconcierto de los colombianos, el Ministerio de Defensa escribió en su cuenta de Twitter: «¡Gloria al soldado! #FeizViernes».
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