Alemania estudia la prisión preventiva para los refugiados peligrosos

El ministro alemán de Justicia, Heiko Maas , defendió este lunes que los extranjeros potenciales terroristas puedan permanecer detenidos hasta 18 meses a la espera de su expulsión, aunque no hayan cometido un delito concreto. Respondía así a la confirmación, por parte de los servicios de inteligencia, de que tienen fichadas en territorio alemán a 224 personas consideradas islamistas y potencialmente peligrosas, que podrían atentar en cualquier momento y contra las que no puede hacerse nada legalmente.

Al menos 62 de estos peligros potenciales son refugiados a los que les ha sido denegada la petición de asilo pero que carecen de documentos válidos para ser devueltos a sus países, por lo que entran en un limbo legal al que se van dando soluciones temporales. Es exactamente la misma situación a la que llegó Anis Amri , el terrorista del mercado navideño. Antes de que Túnez enviase la documentación necesaria para su repatriación, cometió el atentado.

Merkel respaldó este lunes por la noche a su ministro durante un discurso en el que afirmó que «allí donde haya necesidad de cambios, y yo veo esas necesidades de cambio claramente, trataremos de alcanzar soluciones comunes en la gran coalición». Y ese acuerdo no va a ser difícil. El presidente del grupo parlamentario socialdemócrata, Thomas Oppermann, se ha sumado a estas propuestas sugiriendo además la implementación de sanciones a los países que dificulten las repatriaciones, sanciones que podrían ir dirigidas a los fondos para el desarrollo.

El Ministerio de Interior se queja de que hay países con los que las repatriaciones fluyen , como es el caso de Afganistán , pero otros con los que los trámites se demoran hasta la inoperancia, entre los que se cita a Marruecos, Túnez y Argelia . Merkel reconocía este lunes por la noche que es urgente declarar a estos tres países como «países seguros» , para que los ciudadanos provenientes de los mismos no puedan presentar solicitud de asilo.

Solamente Los Verdes, se oponen a la reforma en materia de seguridad que abordará esta misma semana el gobierno alemán. Su portavoz, Simone Peter , ha criticado que «una utilización amplia de la videovigilancia no tiene base legal» y que el uso de pulseras electrónicas en los casos de refugiados potencialmente peligrosos es «problemática». Pero la mayoría de los partidos están dispuestos a apoyarla y el ministro de Interior, Thomas de Maizière , avanza que «si se logra y conseguimos resultados, entonces este debate es una señal de la fortaleza de una democracia».