La OEA escucha a más víctimas de la represión del régimen de Maduro
Expertos deciden si Venezuela puede ser denunciada por delitos de lesa humanidad
El panel independiente de expertos internacionales que se pronunciará sobre si el régimen de Nicolás Maduro puede ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad, retomó este lunes las declaraciones de víctimas de la represión en Venezuela.
La sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, fue escenario de la segunda sesión, ante una comisión que integran, el costarricense Manuel Ventura Robles , ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón , exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el canadiense Irwin Cotler , ex ministro y ex Fiscal General de Canadá.
La iniciativa de la OEA, impulsada por su secretario general, Luis Almagro , se puso en marcha el mes pasado, cuando el ex fiscal del tribunal penal internacional Luis Moreno Ocampo , nombrado «asesor especial», dirigió las declaraciones de las primeras víctimas, a quienes también interrogó y demandó detalles a lo largo de su intervención.
En las dos primeras sesiones, celebradas a mediados de septiembre, la sede de la organización acogió a representantes de la sociedad civil venezolana, como Johanna Aguirre , viuda del activista José Alejandro Márquez , quien murió golpeado por miembros de la Guardia Nacional, después de varios días en coma.
El testimonio de Aguirre ha sido hasta ahora el más emotivo de todos los que han escuchado los expertos internacionales. El representante del Foro Penal, Julio Henríquez , denunció que en Venezuela «hay una persecución de Estado que ha perfeccionado el delito de persecución». En su intervención, relató casos de asesinatos, torturas, violencia sexual y casos de privación arbitraria de libertad.
Tres militares protagonizaron la segunda sesión en la OEA: el general Hebert García Plaza , el teniendo coronel José Arocha y capitán Igor Buitrago .
Moreno Ocampo ha recalcado en diversas ocasiones que la iniciativa «no constituye un juicio contra Venezuela», sino que «se trata de saber si hay bases razonables para abrir una investigación». Un caso sólo puede ser remitido a la Corte Penal Internacional si se encuentra que hubo crímenes de forma masiva y sistemática, cometidos por una organización dentro de un plan general, y si se confirma que no hay esfuerzos para investigar lo ocurrido dentro de ese país.
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