Los abogados de Hong Kong cuestionan que China pueda imponer la ley de seguridad
Con un comunicado desmontando jurídicamente el plan de Pekín, se suman a la fuerte oposición social
La decisión del régimen chino de imponer una Ley de Seguridad Nacional a Hong Kong sin pasar por su Parlamento autónomo no solo ha desatado una batalla política y social , como se vio en las protestas del domingo, sino también legal. En pleno debate sobre si esta decisión viola el principio de «un país, dos sistemas» que rige en la excolonia británica, su Colegio de Abogados cuestiona la potestad de Pekín para incluir dicha normativa en el Anexo III de la Ley Básica, mini-Constitución de la ciudad, como pretende. «El borrador revela una serie de aspectos preocupantes y problemáticos», asegura en un comunicado el Colegio de Abogados, que analiza sus fundamentos jurídicos.
Amparándose en el artículo 18 de dicha mini-Constitución, la Asamblea Nacional Popular (Parlamento orgánico del régimen chino) aprobará el jueves una moción instando a su Comité Permanente a redactar una ley contra la secesión, subversión, terrorismo e injerencias extranjeras en Hong Kong . Según ese artículo, Pekín puede incluir directamente su legislación nacional en cuestiones de defensa, asuntos exteriores o que estén fuera de los límites del Gobierno regional. Pero el Colegio de Abogados recuerda que el artículo 23 de la Ley Básica establece que Hong Kong deberá legislar sus propias normas sobre la traición, secesión, subversión y en relación con las interferencias extranjeras.
« La Ley de Seguridad Nacional , como está propuesta en su borrador, parece contener asuntos cubiertos por el artículo 23 de la Ley Básica y está dentro de la autonomía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgar sus leyes correspondientes», reza el comunicado. Recordando que dicha misión corresponde al Consejo Legislativo (Legco) en virtud de los artículos 66 y 73 (1) de la Ley Básica, el Colegio de Abogados concluye que «parece que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular no tiene poder para añadir la Ley Nacional de Seguridad de Hong Kong en el Anexo III a través del mecanismo del artículo 18».
Además, el comunicado expresa sus dudas sobre la decisión del Gobierno central de establecer en Hong Kong «órganos de la seguridad nacional». Tal y como recoge, «no está claro cómo esta disposición cumplirá el artículo 22 (1) de la Ley Básica, que establece que ningún departamento del Gobierno central puede interferir en asuntos que Hong Kong administra por su cuenta de acuerdo a la ley».
Independencia judicial
De igual modo, el Colegio de Abogados critica que, según el borrador de la polémica ley, «los órganos administrativos, legislativos y judiciales de Hong Kong deben prevenir, detener y castigar los actos que pongan en peligro la seguridad nacional». A su juicio, «la referencia a “los órganos judiciales” da a entender que la judicatura de Hong Kong será ordenada a actuar de un modo particular». Frente al papel de los tribunales en China, que están al servicio del régimen del Partido Comunista , el comunicado recuerda que «la independencia judicial es la piedra angular del éxito de Hong Kong y no debería ser minada».
Por último, el Colegio de Abogados alerta de que la propuesta de Pekín «ha causado profunda inquietud en la comunidad local e internacional» y advierte de que «no hay seguridad de que cumpla con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» de la ONU. En este sentido, recuerda que, cuando el Parlamento local quiso promulgar por primera vez una Ley de Seguridad Nacional en 2003, 2hubo una auténtica y generalizada preocupación de que infringiera los derechos políticos y civiles de los hongkoneses, incluidas la libertad de expresión y de Prensa». En aquel entonces, rememora el comunicado, «la propuesta fue retirada tras una extensa consulta y una vehemente oposición». Pero, ahora, Pekín pretende que dicha ley entre en vigor por promulgación del Gobierno de Hong Kong en lugar de por legislación de su Parlamento, por lo que «no hay seguridad de que haya una consulta pública». Para el Colegio de Abogados, «esto no tiene procedentes» porque «al público se le debe permitir la oportunidad de considerar y debatir apropiadamente las propuestas de leyes que afecten a sus derechos y obligaciones personales».
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