La causa en Senegal contra Hissène Habré, un antes y un después en la justicia internacional
El expresidente chadiano se convierte primer mandatario africano juzgado en un país de la región que no es el suyo, mientras crecen las críticas contra cortes globales como el Tribunal Penal Internacional
El inicio, este lunes, del juicio contra el expresidente de Chad Hissène Habré en Senegal por crímenes de guerra y lesa humanidad supone un punto de inflexión en la justicia internacional.
Que la dictadura de Habré rienda cuentas en el banquillo de los acusados ha sido posible, sobre todo, gracias a la cruzada abierta durante más de dos décadas por las víctimas de su régimen , quien gobernara con mano de hierro Chad durante el periodo entre 1982 y 1990. En estos años, los temidos servicios secretos se convirtieron en una cruenta herramienta utilizada por Habré contra los opositores políticos o miembros de etnias como los hadjarai. Un infame periodo, donde la tortura y la muerte eran ley de vida, y que estima su número de asesinatos en más de 40.000 personas.
Sin embargo, el ascenso al poder de Idriss Déby en un golpe de Estado capitalizado en 1990 supondría un cambio de tornas, obligando finalmente al exilio dorado de Habré hacia Senegal. Comenzaba entonces un lento peregrinar en el desierto para las víctimas, que culminaría en 2012 con la creación en Dakar de una corte especial para juzgar el caso. Anteriormente, en 2006, la Unión Africana había pedido a la Justicia senegalesa la apertura de una causa contra Habré «en nombre de toda África» .
Precisamente, la causa contra Habré, primer mandatario africano juzgado en un país de la región que no es el suyo, arranca mientras otra Corte global -El Tribunal Penal Internacional (TPI)- se encuentra herido de muerte tras las polémicas surgidas por sus actuaciones. En mayo de 2013, la propia Unión Africana ya había acusado al tribunal de «cazar» a los ciudadanos de África debido a su raza.
«El 99% de los casos del TPI es contra africanos», denunciaba entonces el primer ministro etíope y presidente de turno de la organización, Hailemariam Desalegn.
Entonces, el TPI se encontraba sumergido en plena causa contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, a quien se acusaba de subvencionar a las turbas que provocaron masacres durante la campaña electoral de 2007-2008, así como de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift. En aquel momento, más de 1.100 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas de sus hogares . Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Kenyatta se imponía de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales de marzo de 2013.
En este tiempo, la fiscalía siempre aseguró que no se le había facilitado acceso a los registros financieros de Kenyatta, prueba capital para saber si éste pagó de forma indirecta grandes sumas de dinero a los autores de una ola de violencia postelectoral.
«Testigos de la causa de Kenia están desapareciendo» , denunciaba a ABC Paul Muite, abogado de miembros destacados del grupo mafioso mungiki, utilizado (presuntamente) como «mercenarios» para llevar a cabo las represalias.
Finalmente, el pasado diciembre, el TPI retiraba los cargos contra el presidente de Kenia. En un comunicado, la Corte asegura que la presunta responsabilidad penal del mandatario no se puede probar más allá de la duda razonable.
La pantomima de Bashir
En la actualidad, el TPI cuenta con siete causas abiertas en el continente africano (más una investigación iniciada), aunque tan solo dos condenas: El pasado año, el señor de la guerra congoleño Germain Katanga era sentenciado a doce años por crímenes de lesa humanidad. Su causa estaba enfocada, casi en su totalidad, en la matanza ocurrida en febrero de 2003 en la localidad de Bogoro, en el estado de Ituri (este de la República Democrática del Congo), en la que al menos 200 personas perdieron la vida. Entonces, Katanga era el comandante del grupo armado Fuerzas Patrióticas de Resistencia de Ituri.
De igual modo, en julio de 2012, el Tribunal sentenciaba al exlíder rebelde congolés Thomas Lubanga a 14 años de prisión por reclutar a niños soldado entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo.
Otros casos, no obstante, se postergan en el tiempo. Mientras que el mediático líder del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, continúa en paradero desconocido a pesar de la orden de busca y captura que pende sobre sus cabezas desde 2005; el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región de Darfur, campea su dictadura por la región. ¿En el recuerdo? La pantomima ocurrida recientemente en Sudáfrica, donde el mandatario evitó su detención con total impunidad .
En este sentido, el comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana, Ramtane Lamamra, destacaba en la clausura de la cumbre de la organización que no es lógico que Naciones Unidas remita el caso de Sudán a la TPI, cuando tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, Rusia y China-, o bien no han firmado o no han ratificado el Estatuto de Roma, que estableció esta Corte. «¿Cómo pueden remitir casos ajenos, mientras no se sienten obligados a cumplir con las mismas reglas», añadía.
Los ejemplos de Ruanda y Sudáfrica
Así que ante esta falta de quórum, las iniciativas locales prevalecen sobre los tribunales internacionales. Éste es el caso de las cortes tradicionales «Gacaca» , instauradas en Ruanda para juzgar a los culpables del genocidio en 1994 y cuyos números se han demostrado en ocasiones más exitosos que los del Tribunal que, bajo el amparo de Naciones Unidas, enjuicia estos mismo crímenes en la localidad tanzana de Arusha.
Pero quizá el caso más similar a la actual defensa del localismo judicial sea la «Comisión para la verdad y la reconciliación» sudafricana. Un comité, creado en 1995 para restaurar las heridas del apartheid y cuyo lema -«Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón»- parece haberse convertido en la actual bandera del continente.
