Argentina, paralizada por una huelga general contra el gobierno de Kirchner

Paralizada Argentina, como consecuencia de la quinta huelga general en casi ocho años de Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los sindicatos díscolos volvieron a advertir que no bajarán los brazos hasta que se cumplan sus demandas. En menos de tres meses, como ayer, la foto fija de La Quiaca a Ushuaia (el punto más al norte y al sur del país, respectivamente) era la ausencia de actividad. Para Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte y candidato a las primarias del oficialismo, la situación se resumía en una frase: «Los dirigentes sindicales opositores decretaron hoy el arresto domiciliario».

En plena campaña electoral, la adhesión del transporte, por tierra, mar y aire, garantizó y garantizará el éxito de nuevos paros antes de que la presidenta, el 10 de diciembre, se despida, irremediablemente, de su despacho en la Casa Rosada y de la Jefatura del Estado. Los sindicalistas que organizaron el paro, peronistas como ella pero lejos de su Administración, están dispuestos a llenarle de espinas el camino de salida del poder a la viuda de Néstor Kirchner. Las razones las explican con números y letras que les afectan directamente al bolsillo (más al de sus afiliados que al de los «capos» de los gremios).

La Confederación General del Trabajo (CGT) que responde al camionero Hugo Moyano y al gastronómico Luis Barrionuevo, más la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de Pablo Micheli, consideran una misión que roza lo imposible resistir seis meses más sin negociar aumentos salariales de dos dígitos que «empiecen por el número tres». A los trabajadores también se les hace cuesta arriba pagar el denominado «impuesto a las ganancias» cuando cobran 15.000 pesos (unos 1.500 euros).

En ese contexto, con la inflación como espada de Damocles (también de dos dígitos y empezando por el tres) no ven fácil llegar a diciembre con un sueldo mínimo de 4.716 pesos (unos 470 euros). Sufriendo esos obstáculos para vivir el día a día, los sindicatos que protestan también se acuerdan de los mayores de hoy, que ellos llegarán a ser el día de mañana, y exigen un aumento de emergencia para los jubilados. Llegado este punto y con los ánimos caldeados asimismo piden «la inmediata puesta en marcha de un plan de erradicación del narcotráfico y la inseguridad».

Con las cartas de sus demandas sobre la mesa y el masivo respaldo al paro, «ciento por ciento», aseguró y no anduvo demasiado lejos Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como sucedió dos meses atrás, avisó: «Urge sentarse a negociar. Queremos un salario de bolsillo real y digno para poder tener poder adquisitivo… Este tema pasa por el Gobierno» y si no hay «una pronta solución» habrá, «nuevas movilizaciones».