El presidente de Burundi cesa a tres ministros tras el golpe de Estado

Burundi prosigue con sus purgas tras el golpe de Estado del pasado miércoles. El presidente burundés, Pierre Nkurunziza, ha cesado a sus ministros de Defensa, Asuntos Exteriores y Comercio, mientras continúan las protestas en el país africano contra su mandato. Curiosamente, el nuevo titular de Defensa, Emmanuel Ntahomvukiye, quien sustituye al general Pontien Gaciyubwenge, se convierte en el primer civil en ostentar este cargo. Más extraño resulta, aún, que su nombramiento (sin apenas experiencia) se produce solo días después de que el presidente Nkurunziza mostrara una «extrema preocupación» por un posible ataque de Al Shabab en su territorio. No obstante, el portavoz de la milicia islamista somalí, Sheikh Ali Mohamud Rage, desmintió la mayor, al asegurar que las palabras del mandatario son un «intento para apaciguar a su pueblo, que protesta contra su dictadura, y para desviar la atención del mundo».

Es cierto que la amenaza de Al Shabab no le es ajena a Burundi en los últimos tiempos. En la actualidad, el país africano aporta el segundo mayor continente a las fuerzas de la Unión Africana en Somalia (Amisom) con 5.432 soldados. De igual modo, su experiencia en el terreno se remonta a diciembre de 2007. Sin embargo, desde que el pasado viernes el presidente Nkurunziza regresara a Burundi, las cortinas de humo ante el ocurrido en la última semana son constantes.

Mientras, se desconoce la situación de los 18 militares que comparecieron, el pasado sábado, ante el Tribunal Supremo acusados de liderar la asonada. O del destino del promotor del golpe, el general Godefroid Niyombare. O de la investigación (si la hay) sobre la presunta ejecución de manifestantes en el hospital Bumerec de la capital, Buyumbura, por miembros de la Policía tras la rendición de los golpistas.

El pasado abril, Nkurunziza fue elegido candidato a las presidenciales por el partido gubernamental CNDD-FDD, a pesar de haber cumplido ya dos periodos de cinco años que marcaba la Constitución. Una decisión que los partidos opositores consideran que amenaza la estabilidad del país, tras doce años de guerra civil.

A pesar de ello, la alborada del miércoles no fue dirigida desde las fuerzas opositoras clásicas, sino desde sectores del Ejército disidentes con el Ejecutivo.