Manuel Valls y Nicolas Sarkozy rechazan las políticas de la UE en inmigración

Saliendo al paso de la crisis que estalló en la frontera franco- italiana de Menton, el fin de semana, Valls matizó la posición francesa de este modo: «La política de cuotas migratorias no corresponde de ninguna manera a las proposiciones francesas. Todos los aliados europeos debemos asumir un reparto más equitativo del problema. Desde el 2012, Francia ha acogido a 5.000 refugiados sirios y 4.500 refugiados iraquíes. El fardo de ese problema humanitario y político debe estar repartido de manera más equitativa».

Teniendo en cuenta el PIB, la población y el paro en los distintos países europeos, la Comisión propone que Alemania acoja a un 18,42% de los refugiados que desean instalarse en Europa. Francia, según la misma propuesta, debería comprometerse a acoger a un 14,17%.

Bernard Cazeneuve, ministro del Interior, primero, y Manuel Valls, más tarde, como jefe del Gobierno, han rechazo el principio mismo de las posibles cuotas migratorias, reclamando un reparto más «equitativo».

Según Valls, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y Suecia acogen al 75% de los refugiados que piden demandas de asilo. El reparto más «equitativo» parece aludir a países como España y Polonia.

En el marco de ese debate continental, Nicolas Sarkozy ha tomado una posición paralela o muy semejante a la de Valls, criticando con más severidad política las propuestas de la Comisión: «El presidente de la Comisión, señor Juncker, propone que un comisario europeo fije las cuotas que nos vendrían impuestas desde Bruselas. Sería una barbaridad. Es como si colgásemos en nuestras fronteras una pancarta que dijese: “Venid todavía más numerosos”. Las cuotas impondrían la recepción de gentes a quienes no podemos ofrecer trabajo ni alojamiento».

El rechazo frontal del Gobierno, Valls, y la oposición, Sarkozy, deja poco margen de negociación al principio mismo de las cuotas migratorias.

Desde hace años, Sarkozy defiende una política de «inmigración selectiva», que se parece muy mucho a la política del gobierno de Hollande y Valls en el mismo terreno, que defienden la creación de un sistema europeo de vigilancia y control de las fronteras, acompañado de una lucha más eficaz contra las filiales criminales del tráfico de seres humanos.