Indonesia se enfrenta a Australia y Brasil tras ejecutar a ocho presos, siete de ellos extranjeros

En medio de duras críticas, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, se defiende asegurando que las ejecuciones de ocho hombres acusados de tráfico de drogas, forma parte de su cruzada contra este delito. Siete de ellos son extranjeros (cuatro nigerianos, dos australianos y un brasileño). De nada han servido los esfuerzos de Brasil y Australia por frenar los fusilamientos.

Australia anunció de inmediato la llamada a consultas a su embajador, algo que ya había hecho el pasado enero Brasil tras otra ejecución. En ninguno de estos dos países la legislación contempla la pena capital. El primer ministro australiano, Tony Abbot, calificó las muertes de «crueles» e «innecesarias». El gobierno brasileño ha mostrado su «profunda consternación».

«Nuestra legislación debe ser respetada. Nosotros también respetamos la legislación de otros países», ha afirmado este miércoles el presidente indonesio. El vicepresidente Jusuf Kalla ha consideraro normal que Australia llame a consultas al embajador, algo que ya ellos hicieron en 2013 por un asunto de espionaje.

Pero el trasfondo es otro, más allá de los derechos humanos. «Nosotros importamos más de Australia, por lo que si hay una congelación de las relaciones comerciales, serían ellos los que perderían», añade Kalla.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha criticado las ejecuciones subrayando que «muestra un total desprecio al debido proceso y a las garantías de los Derechos Humanos». «Estas ejecuciones son totalmente reprobables. Fueron llevadas a cabo con un desprecio total a las salvaguardas internacionales sobre el uso de la pena de muerte», ha dicho el director de la ONG para Sureste de Asia y el Pacífico, Rupert Abbott.