«Insultar» a Erdogan sale muy caro
Una limpiadora turca despedida de su trabajo y un estudiante de 13 años llamado ante el juez, ambos por comentarios en sus muros de Facebook, son los últimos represaliados
Un artículo crítico, una consigna en una manifestación, o incluso un comentario en las redes sociales. Si lo que se dice es algo que los seguidores del presidente turco Recep Tayyip Erdogan pueden considerar «ofensivo» hacia éste, el riesgo de represalias es alto: al menos 68 personas han sido procesadas por «insultar al presidente» desde la llegada de Erdogan al cargo el pasado agosto.
El caso más famoso ha sido el de la modelo Merve Büyürsaraç, ex «miss Turquía 2006», que podría ser condenada a dos años de cárcel por un poema satírico compartido en su cuenta de Instagram, y que ni siquiera escribió ella. Pero no es ni de lejos el único. Del resto, solo unos pocos han trascendido a los medios de comunicación.
Entre los más sonados se cuenta el de Mehmet Emin Altunses, un estudiante menor de edad que se enfrenta a una posible pena de 4 años de cárcel por haber dicho durante una manifestación que no consideraba a Erdogan un presidente legítimo, sino el «líder de la corrupción, el soborno y el robo» en Turquía. Otros cuatro líderes estudiantiles fueron detenidos a finales de febrero en diferentes ciudades del país por comentarios similares realizados durante varias protestas a lo largo del mes.
«Política de disuasión»
Pero el imputado más famoso ha sido el periodista Can Dündar, redactor jefe del diario «Cümhüriyet» y toda una institución en el país, quien esta semana fue absuelto de los cargos por falta de pruebas. Ante la puerta del tribunal que le juzgaba, Dündar resumió la que probablemente es la verdadera raíz del problema: «Erdogan se toma toda crítica y todo comentario contra él como un insulto y abre un proceso legal. Es una especie de política de disuación».
Obviamente, no es el propio Erdogan quien se dedica a escrutar todo lo que se dice o escribe sobre él en cada rincón del país. Parece, más bien, que muchos subalternos buscan promocionarse ante sus jefes mediante la denuncia de los críticos o «traidores», como gusta de calificarles el presidente. En el caso de Altunses, después de que un policía encubierto grabase en secreto el discurso «ofensivo» del estudiante, el material corrió con rapidez hacia arriba en la escala de mando, hasta terminar presentado como evidencia en un juicio que tiene mucho de ejemplarizante.
Otro ejemplo es el caso del estudiante de 13 años de la provincia occidental de Ayvalik que, a principios de mes, fue llamado ante el juez por un comentario contra Erdogan escrito en su muro de Facebook. O el revelado esta semana por la agencia Dogan, en la que una empleada de una empresa de limpieza subcontratada por la Dirección de Salud Pública de la región de Çanakkale, en el oeste de Turquía, fue despedida después de que un «informador anónimo» denunciase la existencia de «insultos contra el presidente y el primer ministro» en la página de Facebook de la mujer. Según la agencia, autoridades turcas exigieron a la empresa que hiciese «lo que fuese necesario», pero cuando esta se negó, cancelaron el contrato y se lo adjudicaron a otra firma, que no dudó en deshacerse de la trabajadora.
Demandas lucrativas
La situación está alcanzando tal magnitud que la diputada opositora Ayla Akat Ata ha hecho una petición legal solicitando que el artículo 299 del Código Penal, que criminaliza los insultos a cualquier cargo electo o funcionario, y en el que se basan los juicios en marcha.
«El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que los presidentes de los países no pueden estar protegidos de los insultos más que los ciudadanos ordinarios debido a sus posiciones. Además, ha especificado que los argumentos de que insultar al presidente significaría insultar al estado carecen de base», indicó la diputada en su solicitud. «Según el TEDH, esto va en contra del espíritu de la Declaración Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, no puede existir un crimen llamado ‘insultar al presidente’. Está considerado dentro de los límites aceptables de la crítica», añade.
También el Instituto Internacional de Prensa, con base en Viena, se ha referido al asunto. «Mantener la confianza pública requiere que los funcionarios públicos acepten el escrutinio de sus acciones, en particular cuando la crítica se centra en asuntos de interés público, como presuntos abusos y mala gestión. Este creciente flujo de procesos legales sugiere que el presidente [Erdogan] no está dispuesto a aceptar dicho escrutinio, lo que es un paso peligroso para la democracia», afirmó hace dos semanas en un comunicado.
Entre 2002 y 2014, Erdogan, todavía como primer ministro, inició cientos de procesos legales por presunta difamación contra periodistas, caricaturistas y simples ciudadanos. Dado que estos casos son de carácter privado, el número total se desconoce, pero algunos observadores sospechan que supera el millar. Además del evidente efecto político , el llevar a los críticos ante los tribunales le reportó a Erdogan importantes beneficios económicos: tan solo en 2005, el entonces primer ministro turco percibió más de 700.000 liras (alrededor de 250.000 euros) en indemnizaciones. Tras ser elegido presidente el verano pasado, en un pretendido gesto de magnanimidad, decidió cerrar todos los procesos en marcha. Pero, como se ve, no ha tardado en volver a las andadas.
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