Dilma Rousseff, citada en el escándalo de la petrolera brasileña
La Justicia admite que no tiene competencias para investigar a la presidenta
El escándalo de la petrolera brasileña, Petrobas, ha cobrado una nueva dimensión al trascender que la presidenta, Dilma Rousseff, está citada en algunos de los documentos que la Justicia investiga desde hace casi un año para arrojar luz sobre una vasta red de corrupción que afecta a muchos políticos. Varios ex directivos de Petrobas ya cumplen por ello penas de cárcel.
El magistrado Teori Zavascki, que será el juez instructor de los procesos en el Tribunal Supremo, autorizó la apertura de investigaciones contra 50 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados de cinco partidos, en su gran mayoría del partido socialista que está en el poder. Dilma Rousseff, citada en alguno de los documentos que obran en mano de la Justicia como presunta «beneficiaria indirecta», está aforada, por lo que la Fiscalía reconoció ayer que no tiene competencias para declararla imputada en la investigación.
Los presidentes del Senado, Renan Calheiros, de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y varios ex ministros de la presidenta Dilma Rousseff destacan en la lista de 50 nombres bajo sospecha de corrupción, que serán investigados por la Corte Suprema brasileña. La lista incluye también a congresistas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), un total de 42 parlamentarios, y del ex presidente Fernando Collor de Mello. Todos ellos han sido citados por, supuestamente, haber participado del escándalo de Petrobras que está bajo investigación.
La lista fue anunciada por el fiscal Rodrigo Janot, que investiga los desvíos de dinero en la Operación «Lava Jato» (lavado a chorro, en español), y que ha podido levantar los privilegios a los congresistas en la mayoría de los citados. Según la fiscalía, estos políticos recibían pagos mensuales a partir de sobornos cobrados de la petrolera. Los pagos habrían sido realizados por importantes constructoras brasileñas, directamente, o a través de operadores financieros, como el cambista Alberto Yousseff y el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vacari Neto.
Los nombres fueron revelados por el mismo Yousseff y por ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, que delataron la trama a cambio de la reducción de sus penas. Yousseff llegó a citar a la presidenta Dilma Rousseff y a su ex ministro Antonio Palocci, que fue el encargado de recaudar fondos para su primera campaña, en 2010. Uno de los nombres más relevantes de la lista, Palocci fue también ministro de Luiz Inacio Lula da Silva y está lejos del Gobierno desde el primer mandato de Rousseff, por sospechas de corrupción.
El fiscal Janot declaró que legalmente es imposible investigar a Rousseff por «actos extraños al ejercicio de su función», pero determinó la investigación de Palocci por la recaudación durante la campaña de la presidenta. Janot citó un artículo constitucional que impide la investigación de un mandatario por actos realizados fuera del ejercicio de la presidencia, lo que sugiere que Rousseff podría ser investigada cuando deje el cargo, en 2018.
Basado en la recomendación de Janot, el juez de la Corte Suprema Teori Zavascki decidió que no hay nada que investigar en el caso de Rousseff, y pidió que se separe su mención del proceso de Palocci. La lista también trae los nombres de otros cuatro ex ministros de Rousseff, incluyendo a su ex jefe de gabinete, Gleise Hoffmann, que fue su brazo derecho por casi cuatro años, hasta el 2014.
El Gobierno y el Partido de los Trabajadores vienen realizando esfuerzos de comunicación para desvincular el nombre de Rousseff de las investigaciones y evitar que sufra más desgaste en su imagen. La popularidad de Rousseff cayó casi 20 puntos en menos de tres meses de gobierno y su equipo busca destacar más noticias positivas sobre su gestión.
