El Parlamento turco da carpetazo a la corrupción en medio de grandes tensiones

El Parlamento turco ratificó este martes, no sin grandes tensiones, lo que ya había hecho la Fiscalía Pública de Estambul al negarse a continuar con el caso de corrupción que hace un año hizo tambalearse al gobierno de Recep Tayyip Erdogan . El pasado 16 de diciembre, apenas un día antes del aniversario de la gran operación policial en la que fueron imputadas numerosas personas cercanas al mandatario turco –incluyendo a su propio hijo, Bilal, y a cuatro de sus ministros-, la Oficina del Fiscal alegó que había «problemas con las evidencias» y que no existían «pruebas de elementos criminales», y decidió levantar los cargos contra los 53 acusados en el caso. Claro que para llegar a este punto, el gobierno había tenido que sustituir a los fiscales.

Y este martes, el último acto de este lavado de imagen, tugo lugar en la asamblea parlamentaria, en la que se votó si los exministros de Economía, Zafer Çaglayan, de Interior, Muammer Güler, de Asuntos Europeos, Egemen Bagis, y el de Planificación Urbanística y Medio Ambiente, Erdogan Bayraktar, eran o no enviados ante un tribunal de alto nivel bajo los cargos de soborno y corrupción. El Parlamento votó que no.

El acto, sin embargo, ha puesto de manifiesto las discrepancias existentes en el seno del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan, algunos de cuyos diputados votaron a favor de que se juzgue a los ministros implicados. Es imposible saber cuántos de estos parlamentarios rompieron la disciplina de partido en la votación dado su carácter secreto, pero podrían haber sido varias decenas. En algunos casos, el motivo alegado era la necesidad de limpiar la reputación de los exministros de una vez por todas ante un tribunal. Pero los estrategas del AKP han preferido no correr riesgos en un año electoral decisivo para el partido, y sobre todo para el propio Erdogan.

«Este parlamento es el que condujo la guerra de independencia nacional. Este parlamento no puede aceptar la suciedad», protestaba Kemal Kiliçdaroglu, líder del Partido Republicano Popular (CHP), la principal formación opositora. «Pregúntenle a su conciencia, pregúntenle a su moral y a su fe. Lo que hace a una sociedad respetable es cómo persigue la corrupción y el soborno. Quiero que el parlamento cumpla su deber con integridad», declaró.

El gobierno turco, sin embargo, parece haber logrado convencer a sus electores de que en realidad las operaciones anticorrupción fueron un intento de golpe de estado encubierto liderado por policías y fiscales cercanos al movimiento del teólogo Fethullah Gülen, que Erdogan ha calificado repetidamente de «estado paralelo». El depurado de presuntos elementos gülenistas en el seno de la administración, de hecho, continúan de forma implacable: ayer, los jefes de policía de otras 21 provincias fueron destituidos o destinados a sus puestos. Varios miles de agentes, fiscales y funcionarios se han visto afectados por estas purgas en el último año, y decenas de ellos están siendo llevados a juicio por alta traición.