Los ricos no se sienten seguros

«Nombre, documento de identidad, motivo de la visita», exige un guardia de seguridad mientras su compañero inspecciona el maletero del vehículo y un tercer vigilante, fusil en mano, observa la operación a la distancia. Acceder al Martindale Country Club de Pilar, a cincuenta kilómetros de Buenos Aires, es lo más parecido a un control de fronteras. Al otro lado de la valla -electrificada y plagada de cámaras- se levanta uno de los clubes de campo más exclusivos de Argentina: quinientas casas rodeadas de cinco campos de polo, dieciocho hoyos de golf, cinco campos de fútbol, uno de cricket, veinte pistas de tenis, gimnasio, dos piscinas, un sendero ecuestre y establos para caballos.

El proyecto urbanístico de Martindale nació en el cenit de la crisis económica y política que terminó con la presidencia de Raúl Alfonsín en 1989. Un grupo de familias porteñas acomodadas fundó esta urbanización de lujo con la intención de escapar de las revueltas y saqueos instigados por una clase obrera ahogada por la hiperinflación (ese año el porcentaje de argentinos que vivía en la pobreza llegó hasta el 47 por ciento). Desde entonces, la zona bonaerense de Pilar se ha llenado de barrios similares que prometen un oasis de paz y seguridad lejos de una ciudad donde cada vez viven más pobres.

Durante años, los «country clubs» como Martindale han logrado mantenerse al margen de la inseguridad que avanza en la capital argentina. El «éxodo» hacia estas comunidades cerradas no solo no ha mermado, sino que se ha disparado en la última década. Hoy ya hay más de 600 urbanizaciones de este tipo en los alrededores de la ciudad. Ocupan más de 350 kilómetros cuadrados y dan hogar a 300.000 personas que incluso cuentan con sus propias escuelas bilingües, supermercados, iglesias y centros comerciales.

Pero «el sueño del country club» comienza a llegar a su fin. La inseguridad ha logrado saltar las vallas electrificadas y ha sorteado los sofisticados controles de vigilancia. Según las cifras oficiales, los robos en estos barrios han aumentado un 20 por ciento durante los últimos meses y cada vez son más violentos. Y no discriminan a nadie. En 2010, un comando se infiltró y tomó como rehenes a una familia en el country «Isla del Sol», en Tigre, donde tiene una casa el político Sergio Massa, unos de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales que se celebrarán este año en Argentina.

Las redes del narcotráfico también se han infiltrado en estos paraísos residenciales. La urbanización Nordelta, otra de las más exclusivas del país, cuenta con un estatuto que advierte que «solo podrán acceder a la calidad de socios quienes tengan antecedentes y ocupaciones que no sean contrarias a la moral y las buenas costumbres». El estudio puntilloso para socios no ha impedido, sin embargo, que el barrio, donde viven 30.000 personas y trabajan otras 15.000 (jardineros, vigilantes, albañiles) sea escenari de noticias sobre la detención de narcotraficantes extranjeros que se han instalado en Argentina durante el kirchnerismo.

El propio gobierno de Cristina Kirchner, en pie de guerra contra las «castas», alimenta el odio de las clases más humildes hacia los «countrys». En octubre del año pasado, tras unas fuertes lluvias que inundaron la zona de Pilar, el gobernador de la Provinica de Buenos Aires, el kirchnerista Daniel Scioli, culpó a los barrios privados por la tragedia. Para el político «K», otro de los preferidos para ganar las próximas presidenciales, estas urbanizaciones fueron las culpables de las inundaciones que afectaron a más de cinco mil personas. Scioli disparó a un blanco de alto contenido simbólico: los ricos. Al día siguiente de sus polémicas declaraciones el gobernador jugó un partido de fútbol en un elegante «country club» bonaerense.