entrevista

«Han dejado que la delincuencia sea parte del gobierno»

El activista mexicano Abel Barrera vincula a las autoridades con el crimen organizado y el narcotráfico en el estado de Guerrero

«Han dejado que la delincuencia sea parte del gobierno» Henning Schacht / amnistía internacional

andreu jerez

Teólogo, antropólogo y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera es una voz reconocida en el activismo civil mexicano. En una reciente visita a Alemania, donde en 2011 fue galardonado por Amnistía Internacional por su labor en el violento Estado de Guerrero, Barrera no dudó en ligar a las más altas instancias del gobierno federal con el crimen organizado y el narcotráfico.

–¿Por qué cree que el caso de los jóvenes de Ayotzinapa ha provocado tal reacción internacional?

–Lamentablemente, en nuestro país la situación siempre se trata de ocultar. El mismo presidente de la República se deslindó de su responsabilidad en esta ocasión. Nadie creía que los estudiantes iban a desaparecer; todos pensábamos que a lo mejor se había refugiado en algún lugar ante la represión. Pero su desaparición provocó que los padres se comenzaran a concentrar, y desde ahí se gestó este movimiento.

–¿Y por qué ha cobrado el caso de los jóvenes de Ayotzinapa tal dimensión?

–Porque en él se concentra una tragedia en la que están involucrados policías, el alcalde de Iguala y su esposa, porque hay omisión por parte del Gobierno federal y porque el Ejército no impidió que ocurriese lo que ocurrió. El Estado mexicano en su conjunto, y sobre todo las instituciones encargadas de dar seguridad, fueron cómplices. Hay poderes fácticos en nuestro país que están influyendo en la manera de ejercer el poder, y de atentar contra la vida y los derechos de la población. Sobre todo, cuando se trata de expresiones públicas de protesta, como en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. O como ya ocurrió el 12 de diciembre de 2011, cuando policías estatales y federales mataron a dos estudiantes en Guerrero, crimen por el que aún no se ha castigado a nadie.

–Usted traza una relación entre la represión política sufrida en Guerrero en la década de los 70 y la actual situación.

–En México estamos viviendo una reedición de la guerra sucia porque se permiten las desapariciones. En la década de los 70, en Guerrero desaparecieron más de 600 personas. No se ha dado con el paradero de ninguna de ellas. Esa guerra sucia se está reeditando, pero ahora con la participación del crimen organizado: se ha permitido que la delincuencia sea parte del gobierno.

–¿Cómo podría combatirse la galopante impunidad que sufre su país?

–En el caso de Ayotzinapa, primero tiene que haber una investigación profunda con la asistencia técnica de expertos internacionales. Segundo, se tiene que arrancar de raíz la corrupción y se debe depurar a la policía. No puede ser que sigamos dependiendo de agentes que son cómplices del crimen organizado. En México no hay garantías de seguridad ni confianza en las autoridades. Somos un país de víctimas y desaparecidos.

–¿Cree la versión presentada por la Fiscalía General de República, que da por muertos a los jóvenes?

–Nosotros, como parte defensora de los estudiantes, sentimos que faltan muchos elementos probatorios y científicos. Mientras no haya pruebas fehacientes, para nosotros y para los padres siguen vivos. Mientras el Gobierno no pueda demostrar, tal y como es su responsabilidad, que los jóvenes están muertos, para la memoria colectiva del pueblo de México es una lucha para que aparezcan vivos.

«Han dejado que la delincuencia sea parte del gobierno»

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