México
Los estudiantes de Iguala lanzan una gira de protesta nacional
Los grupos de «brigadas informativas» llegarán a la capital mexicana el próximo día 20
Sus hijos no han aparecido y por tanto no habrá descanso. Es el principal argumento de los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre -a los que la Procuraduría General de la República (PGR) da por muertos «con toda probabilidad»-, para iniciar la caravana nacional de protesta que ya anunciaron en su última manifestación en el Distrito Federal, el pasado 5 de noviembre.
Dos grupos de familiares y alumnos salieron ayer de la escuela, situada en el municipio guerrerense de Tixtla, con la intención de visitar en todo el país distintas «organizaciones que sienten y comparten el dolor ante la violencia de Estado», en palabras de Román Hernández, portavoz de Tlachinollan, la ONG que acompaña y asesora legalmente a las familias. Un contingente partió alrededor de las diez de la mañana con dirección norte, a los estados de Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán, y otro, sobre las cuatro de la tarde, rumbo al sur, hacia Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala.
Un tercer grupo saldrá mañana para recorrer el estado de Guerrero, desde Tlapa hasta Acapulco, pasando por San Luis Zacatlán, Ayutla, Zihuatanejo y Atoyac. Las tres marchas -«brigadas informativas», se llaman ellos mismos- confluirán en el Distrito Federal el próximo 20 de noviembre, el día en que se conmemora la Revolución mexicana.
El miércoles, el Gobierno había acordado con representantes de los padres de los desaparecidos y el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, los términos para que se ponga en marcha la asistencia técnica internacional solicitada para investigar lo ocurrido en Iguala, que tendrá tres objetivos: la supervisión de los planes de búsqueda «en vida» de los desaparecidos, la de las líneas de investigación para capturar a los responsables y el análisis del «plan de atención integral» para las víctimas de la noche del 26 de septiembre. Todo ello, como parte de las medidas cautelares otorgadas al Estado por la CIDH el pasado 3 de octubre.
El pacifismo que declaran una y otra vez las familias contrasta con las demostraciones de los movimientos más radicales que simpatizan con la causa de Ayotzinapa, como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Cientos de integrantes de este sindicato magisterial irrumpieron el miércoles en la sede del Congreso del estado, en Chilpancingo, a cuyas puertas incendiaron varios coches y donde destrozaron cristales, despachos y muebles. También prendieron fuego a la Contraloría de la Secretaría de Educación, donde tuvo que acudir Protección Civil, y atacaron otros edificios públicos.
Pasividad de la Policía
El presidente de la Comisión de Gobierno estatal, Bernardo Ortega, en entrevista con el periódico «Milenio», denunció que durante las agresiones pidió auxilio al gobernador, Rogelio Ortega, pero que las fuerzas de seguridad no las detuvieron: «Había policías aquí. Sin embargo, entiendo que no quisieron tocar a los maestros, porque si se les toca hasta con el pétalo de una rosa ya es una agresión».
Tanto esta Comisión como los grupos empresariales de la región ruegan una tregua a los manifestantes. Para este puente de la Revolución -es fiesta el lunes-, en Acapulco se han cancelado 14.000 reservas de hotel, según la asociación hostelera de este neurálgico centro turístico. Las protestas en Chilpancingo coincidían con la confirmación oficial de que el procurador (fiscal) general de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco, había dejado su cargo.
Noticias relacionadas
