La fiscalía señala al alcalde de Iguala como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes

El procurador general (fiscal) de la República de México, Jesús Murillo Karam , confirmó que la orden de detener a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre provino del alcalde de la localidad, José Luis Abarca, que se encuentra huido con su mujer desde el 1 de octubre.

En rueda de prensa, y acompañado por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal dijo que llegaron a esta conclusión a partir del testimonio de Sidronio Casarrubios Salgado, líder del cártel «Guerreros Unidos», detenido por la Policía Federal el pasado sábado 18 de octubre. Murillo Karam detalló que a partir de las declaraciones de Casarrubios y de otros detenidos, se ha determinado que « Guerreros Unidos » tenía tejida una red de complicidades en varias alcaldías, y que en el caso de Iguala, recibía del hoy ex alcalde –fue despojado de su cargo la semana pasada– «de dos a tres millones de pesos de manera regular (mensual, bimensual, semanal), de los cuales cuando menos seiscientos mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local». Asegura que uno de los detenidos señala a María de los Ángeles Pineda como la principal operadora de las actividades delictivas desde la alcaldía, «desde luego en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez». Los tres están en busca y captura, acusados de ser los autores intelectuales del ataque de la policía a los estudiantes de Ayotzinapa que se saldó con seis muertos y 43 desaparecidos. También buscan a César Nava, subjefe de la policía de Iguala, y a un sujeto apodado «El Gil», presunto líder de los sicarios de «Guerreros Unidos» .

Después relatar lo ocurrido la madrugada del 26 al 27 de septiembre a partir de los descubrimientos de la investigación –algunos ya hecho públicos, como que los policías locales de Iguala actuaron con el apoyo de los agentes de Cocula, que se llevaron a los jóvenes y que los entregaron a sicarios del grupo «Guerreros Unidos»–, el fiscal concluyó que se trató de una «represión violenta por parte de policías de Iguala y Cocula dirigidos por Guerreros Unidos con la intención de impedir que los estudiantes [que habían tomado tres autobuses de la estación de Iguala] reventaran el acto de la presidenta del DIF», la propia María de los Ángeles Pineda.

Murillo Karam aseguró que la prioridad es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos. La PGR ofrece desde el lunes una recompensa de hasta millón y medio de pesos –más de 83.000 euros– por cada estudiante para quien proporcione información «veraz y útil» que ayude a encontrarlos o a capturar a los responsables .