Alemania
Escándalo en Alemania por torturas a asilados
Recientes casos de malos tratos en centros de acogida de refugiados ponen en entredicho la política de asilo germana
Las alarmas saltaron a finales del pasado septiembre: un trabajador de una empresa de seguridad privada pisa con su bota la cabeza de un residente en un centro de acogida de la localidad de Burbach, en el Estado de Renania del Norte-Westfalia. Mientras Marwan Rahmani, refugiado procedente del norte de África, sufre esta humillación boca abajo y con las manos esposadas tras su espalda, otro miembro de la seguridad posa de cuclillas y con una sonrisa ante la cámara del teléfono móvil con el que una tercera persona fotografía la escena. «Son imágenes que recuerdan a Guantánamo», dijo un cargo policial tras dar a conocer el caso.
Tras la salida a la luz de la foto, las autoridades recibieron más denuncias de torturas y vejaciones en otros dos centros de acogida en Essen y Bad Berleburg, también en Renania del Norte-Westfalia. Los tres casos apuntan a la firma de seguridad privada SKI, con sede en la ciudad Núremberg pero activa en todo el país, y que al mismo tiempo fue subcontratada por European Homecare, firma gestora de seis centros de acogida para refugiados en Renania del Norte-Westfalia y de cuarenta en toda Alemania . El Gobierno regional ya ha rescindido el contrato con European Homecare en el centro de Burbach y está estudiando el resto de subcontratas.
Amnistía Internacional Alemania reaccionó con un duro comunicado que señala directamente a los gobiernos regional y federal: «Cuando se confía a una empresa privada este tipo de responsabilidades públicas, las autoridades correspondientes tienen que controlar regularmente el trabajo de esa empresa», afirma la ONG, que recuerda además que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura establece que los Estados son los responsables últimos de evitar maltratos y vejaciones contra ciudadanos nacionales y extranjeros.
Hay precedentes
Aunque las últimas imágenes de malos tratos suponen un punto y aparte en los casos de agresiones registrados durante los últimos años, no es la primera vez que ONGs y organizaciones pro Derechos Humanos dan la voz de alarma en Alemania. Es el caso de Pro Asyl, organización que se encarga de monitorear el cumplimiento de los derechos de las personas que huyen de guerras o regiones crisis y buscan refugio en Europa. Pro Asyl lleva 25 años documentando las condiciones de centros alemanes de acogida y de detención, donde los refugiados esperan un permiso de residencia o su expulsión del país.
Aunque las condiciones de esos centros varían de Estado a Estado federado, Bernd Mesovic, portavoz de Pro Asyl, cree que sí hay un denominador común en la política de asilo alemana: «Ya incluso antes del aumento de refugiados registrado durante los últimos tiempos, se puede decir que esa política ha sido el resultado de una ideología de la disuasión; es decir, las condiciones de vida de los refugiados deben ser lo suficientemente malas como para disuadir a otras personas de buscar asilo en Alemania».
Desde la reunificación del país, el relativo bienestar social reinante en Alemania ha supuesto una atracción para asilados de todo el mundo. Según datos de la Oficina germana para la Migración y los Refugiados, una media anual de 64.000 personas pidieron asilo en Alemania a lo largo de la última década. Sin embargo, durante los primeros seis meses del presente año, el número de peticiones de asilo superó los 115.000, fundamentalmente debido a la enorme cantidad de personas procedentes de Siria y Eritrea que huyen de la guerra y el hambre.
La estrategia de la «disuasión», por tanto, parece haber fracasado. «El alto número de peticiones de asilo obliga ahora a las autoridades a buscar soluciones provisionales de manera apresurada», afirma Bernd Mesovic. Para el portavoz de Pro Asyl, subcontratas como las Renania del Norte-Westfalia (y los escándalos de malos tratos derivados de ellas) no son más que una alternativa barata para responder al creciente fenómeno del refugiado frente al que Alemania “ha escatimado en sistemas de acompañamiento, trabajadores sociales y vigilancia policial” durante años.
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