China ejecutó a 2.400 personas el año pasado
La cifra oficial es secreta, pero la Fundación Dui Hua calcula que el número de ejecuciones ha caído durante los últimos años
La cifra real es un secreto de Estado, pero se calcula que China ejecutó a unos 2.400 presos el año pasado. Así lo anunció este lunes la Fundación Dui Hua, un grupo defensor de los derechos humanos radicado en Estados Unidos. En un comunicado difundido en su página web , esta organización asegura haber obtenido la información gracias a unos datos publicados por un medio chino, el «Semanario del Sur», que coinciden con los aportados por un funcionario judicial con acceso al número de ajusticiamientos.
Aunque dicha cifra triplica al resto de ejecuciones en todo el mundo, donde Amnistía Internacional contabilizó 778, supone según la Fundación Dui Hua una disminución del 20% con respecto a 2012 y una pequeña parte de las 12.000 que se cumplían en 2002.
Esta reducción es consecuencia directa de la revisión de todas las penas de muerte ordenada en 2007, que ha llevado al Tribunal Supremo Popular a revocar entre un tercio y la mitad de las condenas dictadas a nivel provincial. Según informó el «Semanario del Sur» citando a un juez retirado que participó en julio en un seminario sobre la pena capital, en 2013 el 39% de las condenas fueron devueltas por el Tribunal Supremo a los juzgados provinciales para que aportaran más pruebas.
Dicho juez también reveló que el número de ejecuciones había bajado a la décima parte de la mayor cifra registrada desde 1979. En concreto, se refería a las 24.000 penas de muerte dictadas en 1983, el primer año en que se puso en marcha la campaña «Golpear duro». Con el fin de reducir la delincuencia que había traído la incipiente apertura de China, dicha medida dio a los tribunales provinciales la capacidad para imponer la pena capital, lo que llevó al mayor número de ejecuciones desde las purgas contrarrevolucionarias de los años 50.
A pesar de tal tendencia a la baja, la Fundación Dui Hua no espera una reducción significativa para este año por la campaña anti-corrupción lanzada por el presidente Xi Jinping y la creciente represión en la región musulmana de Xinjiang tras una oleada de atentados y revueltas que se ha cobrado más de 300 vidas durante los últimos meses. Para atajar la violencia, el régimen chino ha condenado a cientos de personas por terrorismo y, la semana pasada, sentenció a una docena de acusados a muerte por un ataque perpetrado en julio.
Junto a la progresiva modernización de China y de su sistema legal, la disminución de las ejecuciones también se debe a la proliferación de casos injustos en los que se descubría que inocentes eran condenados por crímenes que no habían cometido, pero que habían confesado bajo torturas policiales. En un episodio que conmocionó a la opinión pública, el Tribunal Supremo revocó en junio la pena de muerte a una mujer, Li Yan, por haber matado a su marido harta de sufrir malos tratos.
En China, la mayoría de las ejecuciones son por delitos violentos como crímenes y robos, pero también se sanciona con la pena capital el tráfico de drogas y la corrupción. Tras la supresión de trece delitos en 2011, 55 siguen penados con la muerte.
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