¿Por qué se extiende la cólera por la desaparición de 43 estudiantes en México?

Seis muertos en una confusa operación policial, en un Estado violento como Guerrero, no es una noticia sorprendente, ni siquiera en México. Tampoco la desaparición de jóvenes. Al fin y al cabo, el último balance dado a conocer por el Gobierno de Peña Nieto afirma que, el pasado 22 de agosto, existían 22.322 casos de desaparecidos. De ellos el 44% (9.822) corresponden a la gestión del actual líder del PRI, el mismo que prometió poner fin a la ola de violencia desatada durante el anterior gobierno de la derecha, supuestamente por su guerra abierta contra las bandas.

Lo que ha sorprendido y encolerizado a la opinión pública mexicana, tras la desaparición de 43 estudiantes secuestrados en Guerrero por la policía local, son muchas de sus circunstancias. En primer lugar, la masiva colaboración de los uniformados con mafias locales, que por motivos que aún se desconocen decidieron eliminar a los estudiantes activistas. En segundo lugar, la aparición de fosas comunes como setas, cuando las autoridades federales decidieron ponerse a la labor de buscar a los desaparecidos, muchos días después del suceso.

Desde el 26 de septiembre, las fuerzas federales han descubierto ya 17 fosas con cadáveres en las inmediaciones de la ciudad de Iguala; en las cinco primeras aparecieron 28 cuerpos, que aún no se sabe si pertenecen a los estudiantes desaparecidos, a otros secuestrados por el crimen organizado, o a ajustes de cuentas entre sicarios.

Pero lo más sangrante ha sido la cascada de responsables políticos vinculados en Guerrero con el caso, todos ellos pertenecientes a la vociferante formación de la izquierda mexicana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), habitual flagelo de la corrupción en los mayoritarios PRI y PAN. De entrada, el alcalde de Iguala y su esposa, miembros del PRD, están en paradero desconocido, y sometidos a una orden de búsqueda y captura. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también del PRD, ha creído conveniente trasladar su despacho a Acapulco después de que los estudiantes le quemaran parte del palacio de gobierno en la capital del Estado. Aguirre ha pedido además a su responsable de Salud que renuncie a su cargo, para que pueda declarar ante la Justicia por su amistad con el alcalde de Iguala.

En este pim-pam-pum dentro del PRD en Guerrero, la dirección central del partido ha creído conveniente anunciar que abrirá una auditoría de los 350 gobiernos perredistas (locales y estatales) de toda la república, para determinar si existen vínculos con el crimen organizado