La Justicia de Estados Unidos declara a Argentina en rebeldía
Amonesta al gobierno de Buenos Aires por violar las condiciones del pago de su deuda
Si se tratara de un partido de fútbol, tan querido por los argentinos, se podría decir que al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le han sacado tarjeta amarilla. El juez de Nueva York Thomas Griesa, a cargo de la batalla judicial entre Argentina y los fondos que no se acogieron a la reestructuración de su deuda (conocidos como «fondos buitre» ), declaró ayer en rebeldía o «desacato» al país sudamericano.
Griesa consideró en su dictamen que los intentos de Argentina por pagar a los inversores que sí aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 –sin hacer un pago equivalente a los «buitres»– es un «desacato grave».
«Argentina tiene dos obligaciones básicas: pagar a los bonistas de deuda reestructurada y a los que no aceptaron los canjes. Una de ellas no puede ser ignorada o negada», dijo Griesa, basándose en la cláusula ‘pari passu’, que establece la igualdad entre los acreedores. Argentina se convierte en el tercer país en ser declarado en desacato por un tribunal estadounidense, después de Rusia y de la República Democrática del Congo.
Sanciones y multas
El juez no dio detalles de qué sanciones supondrá esto para Argentina, algo que se reservó para más adelante. La semana pasada, los fondos ‘buitres’, encabezados por NML Capital y Aurelius, habían pedido multas de 50.000 dólares diarios.
También incluyó en la categoría de desacato el intento de Argentina de cambiar el agente de pago de la deuda, del estadounidense Bank of New York Mellon al argentino Nacional Fideicomiso.
El Gobierno de Fernández no ha hecho demasiado caso a la declaración y ayer ya depositó 161 millones de dólares en la entidad local para el pago de los intereses que se deben a los acreedores que aceptaron el canje.
La presidenta reaccionó a la decisión de Griesa como un ataque de EE.UU. a su país: «USA como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos», escribió en Twitter y aseguró que el dictamen «no tiene ningún efecto práctico» y que lo que debe permitir el Gobierno de Barack Obama es que el caso se sustancie en el Tribunal Internacional de La Haya.
Ayer, su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que la declaración de desacato no tiene «ningún tipo de razón, fundamento, ni impacto» y que es un «galimatías jurídico». El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, aseguró que «lo del desacato es una orden ilegal y disparatada».
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