El gobierno presenta una ley de universidades 'abierta’ para esquivar las críticas

El ministro de Universidades, Joan Subirats, presentó hace algo más de una semana el borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) , una norma que rebaja los requisitos para ser rector, da más poder al estudiantado y deja que sean las comunidades, y no solo la agencia estatal, las que evalúen los méritos para acreditar catedráticos y profesores. La Losu es más conocida como ‘ley Castells’ ; se la ha bautizado con el nombre del predecesor de Subirats, Manuel Castells, quien la aprobó en primera vuelta en Consejo de Ministros pero la dejó en el cajón al dimitir el año pasado por no poder sacarla adelante. Del nuevo borrador parece desprenderse que Subirats no quiere otra norma tan contestada por rectores, estudiantes, consejos sociales y sindicatos. Por eso, si bien retomó el borrador de Castells tomó una decisión para evitarse dolores de cabeza. ¿Cuál? «Hacer una norma abierta», apuntan fuentes académicas que se han comunicado con el ministro en los últimos días. Es decir, cuanto menos entre en cuestiones puntillosas, más difícil será criticarla. Al abrir tanto la mano a la autonomía universitaria es difícil que la comunidad universitaria encuentre algo que objetar. Los rectores, además, siempre han defendido dicha autonomía. El problema es que, al mismo tiempo, el ministro ha dado lugar a una norma que al decir tan poco «hará que por su culpa cada universidad se convierta en un campo de batalla», critica un rector que prefiere no dar su nombre.

Esto ocurre sobre todo en el caso de la elección a rector. La norma de Castells ponía una serie de requisitos para serlo: tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Ahora, en cambio, se piden sin especificar «méritos de investigación» y «experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los Estatutos». Según un rector, que tampoco ha querido dar su nombre, « esta ley permitirá la diversificación de las universidades , de manera que unas irán a mejor y otras a peor». Ahora dependerá de cada una exigir los requisitos a los potenciales rectores. «Deja cuestiones en manos de los estatutos, por lo que podría ocurrir que en algunas universidades se nombren rectores que no estén los suficientemente preparados», apunta la misma fuente. Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, señala que rector «podría ser cualquiera, lo cual degrada la figura». Otro rector apunta que con este nuevo redactado «hay una bajada de requisitos que era de esperar», coincide. «La exigencia de ser catedrático y tener una carrera docente para mí es muy necesario, pero se pide ahora que las condiciones las marquen los estatutos; eso generará universidades de primera y de segunda», apunta Enrique Sanz Giménez-Rico, rector de la Universidad de Comillas. Por otro lado, Amaya Mendikoetxea, rectora de la Autónoma de Madrid, aplaude la medida. «Las universidades sabrán establecer unas normativas que aseguren que su rector tiene la autoridad y experiencia necesaria».

Más unanimidad en las opiniones generó la otra novedad de la norma. Se trata de un nuevo apartado en el artículo de la función docente, que dice: «La participación vinculante del estudiantado deberá garantizarse en todo el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes, así como en su proceso de implementación». Las guías docentes son las que definen temarios y exámenes. Preguntado por ABC, Subirats dijo que esto será negociado y que entender que «vinculante» es que los alumnos decidirán los exámenes «sería una interpretación abusiva de la palabra vinculante». En cualquier caso, la ley fija una participación que antes no aparecía contemplada en la misma. «Me parece excesivo», asegura Rivero. Jorge Sainz, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos asegura que «es importante contar con la participación de los estudiantes, pero tal y como la define el borrador puede colisionar con la libertad de cátedra». Lo que no se ha contemplado, y era una petición de los estudiantes, ha sido aumentar su porcentaje en los órganos de representación. Subirats ha mantenido el 25% en el claustro, y el 10% en el consejo de gobierno, y ha quedado sin determinar su peso en las elecciones a rector. «¿Por qué no quieren aumentar su peso en los órganos de gobierno pero sí expresa claramente el 51% del profesorado?», se preguntó Nicolás Fernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup). Los sindicatos, por su parte, no están del todo conformes: «La nueva Losu desregula aspectos importantes y se convierte en una ley de mínimos. Eso provoca el riesgo de que la diversidad se imponga a la igualdad y desaparezca un mínimo marcó común. Se abandona la reforma de la gobernanza que pedía Europa y se deja toda la regulación en manos de cada universidad y cada comunidad», denuncia Ramón Caballero, vicepresidente del sector nacional de Educación del sindicato CSIF. Por su parte, Manuel Ortega, responsable de Universidad e Investigación de UGT, dijo que valora «cambios que evitan la confrontación al relajarse los requisitos y favoreciendo la autonomía universitaria y de las comunidades, pero la reducción al 20% de la temporalidad es superior a lo firmado con los sindicatos». lamentó.